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Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, confirmó que ha sido imputado por la Fiscalía, por su participación en el paro de 36 días, ocurrido en 2022 y que pedía la realización del Censo de Población y Vivienda.
Los supuestos delitos, de los cuales son acusados Cuéllar, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Reineiro Vargas y José Luis Santistevan son: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas.
“Hemos sido imputados a solicitud de la viceministra de Transparencia y del comité político del MAS”, señaló e indicó que no existe ningún sustento legal.
“Solamente se basa en una denuncia de un representante de la Central Obrera de El Alto, y adhesiones que ha hecho el comité político del MAS; es decir, esta imputación es un pedido político. Por lo tanto, nosotros nos sentimos acosados políticamente, perseguidos políticamente; porque no hay ningún indicio que nosotros, los imputados, hubiésemos cometido algún ilícito”, sostuvo, quien estuviera al frente del Comité Interinstitucional.
Cuéllar observó que la imputación no cambie para ninguno de los implicados, de manera que no existe una “individualización” de los supuestos delitos.
“Esto es un hecho eminentemente político, seguramente porque el Gobierno está viendo como un peligro el hecho de que está creciendo, todos los días un movimiento ciudadano. Pero por otro lado, también trata de generar cierto temor para que uno no tenga la fuerza para seguir denunciando los hechos de corrupción”, afirmó.
Añadió que se defenderá judicialmente y que llamará como testigos a Luis Arce y a sus ministros, porque tanto Cuéllar como otros actores asistieron a las reuniones convocadas por el Gobierno. No descarta poner libros a disposición de la ciudadanía, para que se sumen como testigos.
La tarde de este jueves la Coordinadora Institucional sostendrá una reunión en la que definirá posturas sobre este tema.
Cuéllar manifestó que continuarán pidiendo la libertad de los presos políticos y cuestionó que la detención preventiva se use para perseguir a quienes opinen contrariamente al Gobierno, y no como una medida de excepción.
