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ANDRÉS GÓMEZ
La lógica política indica que los gobiernos no pueden viajar al pasado absolutista superado, sino a un futuro democrático en el que el poder no sólo debe ser controlado, sino monitoreado en tiempo real. Pero desde enero de 2006, el masismo ejecuta una “revolución antidemocrática” para llevar a Bolivia del futuro (democracia) al pasado (totalitarismo.
Recientemente, el presidente Luis Arce se propuso hacer algo más osado: instalar a Bolivia en el Siglo XVIII, en el tiempo político de Luis XIV de Francia, famoso por su declaración «L’État, c’est moi» (el Estado soy yo) que describe con exactitud el carácter absolutista de su reinado.
¿De cómo Arce pretende conducirnos a aquel pasado lejano? A través de los tribunales que están bajo su control. Te lo cuento.
Su ministro de Economía, Marcelo Montenegro, presentó una acción de Amparo Constitucional para no ser interpelado por los representantes nacionales (diputados, senadores). De ese modo, evitar explicar a la sociedad sobre temas de interés nacional, no sobre su vida privada. Ocho ministros de Arce se sumaron a esa solicitud que conduce a un callejón donde toda la administración del futuro de tu familia queda en la oscuridad.
El recurso fue admitido por el vocal Israel Campero de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Como medida cautelar, los ministros de Arce solicitaron la suspensión de las interpelaciones. Campero dio curso. De este modo, el vocal de marras dejó en suspenso la aplicación del artículo 158, parágrafo 18, de la Constitución Política del Estado.
¿Qué dice ese artículo? Que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene como atribución: “Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta a las ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras. La censura implicará la destitución de la ministra o ministro”.
El vocal Campero puso por encima de la constitución una ley (1350) para dictar la medida cautelar bajo la falacia de que el artículo 4 de esta norma atenta contra el derecho al trabajo de los ministros censurados. Es decir, Campero antepone el supuesto derecho al trabajo de un individuo sobre el derecho de la sociedad a saber lo que está haciendo ese individuo con sus bienes muebles, inmuebles y su dinero.
La decisión de Israel Campero rompe una de las funciones esenciales de los representantes nacionales: vigilar al Poder Ejecutivo exigiendo explicaciones, en nombre de sus representados, sobre la administración de la cosa pública (res-pública) para frenar a tiempo, en caso de ser necesario, medidas gubernamentales que atenten contra el bienestar futuro de las familias.
Algo más, el vocal acaba con un principio básico de la democracia: el derecho de los gobernados a gobernar a los gobernantes. ¿Cómo? Mediante la información. Es probable que digas que los ministros informan a través de la prensa. No. Casi todos los ministros convocan a los periodistas para difundir propaganda disfrazada de información. En coyunturas políticas como el que vive Bolivia, la información suele surgir en debates o en entrevistas periodísticas deliberantes, y, por supuesto, en interpelaciones parlamentarias porque. En ambos casos, se contrasta la propaganda con la realidad.
Es bueno que Israel Campero sepa que la democracia no sólo es voto, sino el control del poder por el poder. Por ejemplo, el control del Poder Legislativo al Ejecutivo. Los miembros del primer poder del Estado tienen ese derecho por dos razones: 1) porque son elegidos de forma directa o a través de sus partidos, y 2) porque son portadores de los intereses de los diferentes grupos que constituyen los electores.
Un poder sin control es absolutismo. Un poder sin límite es tiranía. Un poder sin contrapoder es dictadura. Bien lo sabían, los habitantes de la tierra 3.000 años antes de Cristo. Viajemos al lejano pasado bueno. Cuenta la historia de la democracia, que en las ciudades fenicias, entre ellas Biblos, los reyes más poderosos se vieron obligados a rendir cuentas y a consultar a asambleas de ciudadanos (varones) libres.
Un tratado del siglo VII a.C. firmado por los reyes de Asiria y Fenicia sugiere que una Asamblea de ricos ancianos fenicios aún gobernó como contrapoder a la par del rey (John Keane, vida y muerte de la democracia).
La decisión del vocal, sospecho en consulta con un emisario del Gobierno, cortó las venas por donde circula la sangre de la democracia:
Vigilancia de la sociedad al gobierno que se supone representa sus intereses.
Derecho de la gente a pedir explicaciones a los ministros a través de sus representantes sobre temas de interés colectivo.
Transparencia como condición democrática.
Derecho de la gente, a través de sus representantes, a exonerar a un empleado suyo (ministro) inepto.
Derecho de los ciudadanos, a través de sus representantes, a obligar al gobierno a rectificar políticas erradas.
El vocal convirtió, por ahora, a Luis Arce en Luis XIV. Un rey sin corona sin límite. ¿Quién controlará Arce si éste controla el poder judicial, el Tribunal Constitucional, gran parte de los medios de comunicación afines a través de la subvención con recursos públicos vía publicidad y propaganda? Ahora, controla al Legislativo. Ni los asambleístas de su partido podrán escuchar explicaciones. Sus ministros no están obligados a darlas.
Un gobernante no sólo es democrático porque nace de las urnas, sino porque su comparte poder y respeta las reglas. Arce profundiza la “revolución antidemocrática”. Si el TCP consuma su pretensión, Luis Arce dirá: El Estado Plurinacional soy yo.
