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La administración departamental aseguró ayer que la Gobernación no tendrá que devolver regalías por el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la Acción Popular que suspendió temporalmente la aplicación del factor de distribución de 2012, del campo Magarita-Huacaya.
El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Iván Reyenaga, consultado sobre si será necesario enviar en consulta el asunto a YPFB a fin de despejar dudas, respondió que no hará falta.
“No, no es necesario porque ya se ha hecho una evaluación en la parte jurídica y nos han dicho que este fallo no influye en nada (en los ingresos que percibió la Gobernación), porque el fallo habla de que la Acción Popular ya ha cumplido su función, de proteger los intereses de Chuquisaca. Significa que lo que nos han pagado, adelantado, es parte de ese resarcimiento y, por lo tanto, no habría ya retorno”, explicó la autoridad.
En esa línea, dijo que Chuquisaca no activará ninguna acción jurídica para defender esos recursos.
No obstante, dijo que, pese a que el fallo no se refiere a las regalías que se pagaron antes de la aplicación del nuevo factor de distribución, es posible que Tarija interponga algún recurso judicial. De todos modos, desahució la posibilidad de que el departamento vecino tenga éxito.
Inicialmente, la administración departamental dijo que, tras el fallo, al menos 28 millones de bolivianos, que corresponden a los meses de abril y mayo de 2022, estaban en riesgo. Sin embargo, tras un informe de análisis jurídico, concluyó que no hay posibilidad de que la Gobernación sea obligada a devolver esos recursos.
La Gobernación de Tarija, por su parte, interpretó que, con el fallo del TCP, según los cálculos de la administración del gobernador Óscar Montes, ese departamento deberá recuperar al menos 3,8 millones de dólares, según declaró al diario tarijeño El País el secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Efraín Rivera.
