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LUIS CHRISTIAN RIVAS
Como presidente de la Comunidad Bitcoin Bolivia y miembro de la Asoblockchain Bolivia, junto con otros representantes de organizaciones como: Comunidad Ethereum Bolivia, Startups Bolivia, Cámara Fintech Bolivia hemos participado del análisis de un Proyecto de Ley de Criptoactivos que fue presentado por el abogado Fabián Espinoza e impulsado por la diputada Mariela Baldivieso, donde observamos algunos puntos para llevar una propuesta cuyo objetivo sea otorgar seguridad jurídica a los usuarios de criptoactivos, al mismo tiempo, se abrogue cualquier normativa que prohíba su uso como la R.D. Nº 144/2020 del Banco Central de Bolivia, metas que permitan a los bolivianos acceder a la tecnología como se garantiza constitucionalmente.
Después de una revisión y análisis en detalle, artículo por artículo, hemos quedado de acuerdo en un proyecto legislativo que se denominará: “Ley Integral de Criptoactivos – Grover Suntura” en homenaje al pionero en programación y creación de Smart Contracts, educador y divulgador de la tecnología blockchain y criptomonedas, quien falleció de forma temprana dejando profunda huella en la comunidad boliviana.
Como “bitcoiners” consideramos que el modelo legislativo que debe ser aplicado a Bolivia es el salvadoreño, no estamos de acuerdo con copiar modelos de leyes importadas de Europa (Ley MICA), o que sean similares a nuestros vecinos latinoamericanos influidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.), debemos aceptar la realidad boliviana como poco o nada atractiva para plataformas digitales como “exchanges” y “wallets”, por tener un mercado pequeño y ser un país en desarrollo, cualquier ley semejante a la de nuestros vecinos nos hace poco competitivos frente a ellos, entonces, la única vía que consideramos atractiva para capitales nacionales y extranjeros es la libertad económica, es decir: libertad fiscal y eliminación de barreras burocráticas con requisitos innecesarios, licencias, registros y valorados que harán imposible la acción humana. Entendemos, que los salvadoreños para ser competitivos con sus vecinos y el mundo, han otorgado el estatus de curso legal y moneda oficial al Bitcoin y para garantizar la inversión y desarrollo han promulgado la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías que otorga incentivos y libera de toda clase de impuestos y gravámenes arancelarios aduaneros por quince años a los servicios tecnológicos que tienen que ver con: programación, gestión, mantenimiento, consultoría y análisis de sistemas informáticos o softwares; desarrollo y comercialización de servicios de computación en la nube y de flujo de datos; inteligencia artificial, análisis masivo de datos; tecnología de registro distribuido; soluciones de ciberseguridad; tecnologías basadas en la fabricación de piezas, materiales y equipos o instalaciones, ensamblaje, manufactura para equipos tecnológicos o hardware, semiconductores, tecnología de las comunicaciones, robótica, nanotecnología, aeronaves y vehículos no tripulados, etc.
Por todos estos motivos, declaramos enfáticamente que rechazamos un otro Proyecto de ley denominado: “Regulación de criptoactivos y Tecnología Financiera” que fue presentado a la Asamblea por otros diputados y está registrado como PL 402/22-23 de 13 de junio de 2023, por ser extremadamente burocrática y estatista, esa ley, tal como está, ahuyentará la inversión nacional y extranjera, provocará la informalidad y la evasión impositiva, criminalizando la actividad del ecosistema blockchain y critpográfico.
Finalmente, agradecemos la voluntad política de la diputada y el trabajo del proyectista, recomendándoles que sean fieles portavoces de los intereses de los ciudadanos que sólo piden seguridad jurídica, garantías de sus libertades económicas y contractuales, respeto del acceso a la tecnología y protección de la propiedad privada.
