Después de cuatro meses de espera, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó por unanimidad declarar inconstitucional el reglamento de preselección y convocatoria para las elecciones judiciales.
Además de anular el reglamento y la convocatoria, el TCP decidió que la aprobación de un nuevo proceso de preselección deba realizarse por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa.
“Se ha establecido que tanto la ley que establezca el desarrollo la convocatoria, los derechos, los límites, las limitaciones y toda otra cuestión, deba hacerse necesaria e imprescindiblemente por dos tercios de votos. Esto atendiendo a que nos encontramos dentro de un Estado Social de Derecho”, dijo el presidente del TCP, Paul Franco.
El fallo surge a consecuencia de una Acción de Inconstitucionalidad presentada por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, quien alegó que el reglamento y la convocatoria se aprobaron mediante resolución de la Asamblea Legislativa y no así mediante ley, como ocurrió en las elecciones judiciales de 2017.
El presidente del TCP explicó que se ha tomado esta decisión debido a que la convocatoria debió realizarse por ley.
Con esta decisión, la Asamblea debe realizar una nueva convocatoria para los postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
La espera en la decisión del TCP generó malestar en la Asamblea, donde incluso algunos parlamentarios consideraron que había sabotaje de los magistrados, al poner en riesgo el cumplimiento de plazos para realizar las elecciones judiciales.
El Tribunal Supremo Electoral fijó un plazo hasta el 4 de septiembre para recibir las listas de precandidatos seleccionados, para garantizar la realización de elecciones judiciales este año.
Es decir, que la Asamblea tiene poco más de un mes para desarrollar la aprobación de la convocatoria, recibir postulaciones, realizar las calificaciones y elegir por dos tercios a los precandidatos. De lo contrario, no está garantizado que se elijan a los nuevos magistrados antes de terminar 2023, lo cual generaría una situación de vacío de poder, tomando en cuanto que las actuales autoridades judiciales fenecen en su cargo el 31 de diciembre.
