–
Según documentos judiciales obtenidos por Brújula Digital, el presidente paralelo de la APDHB, Edgar Salazar, tuvo una orden de detención por no pago de pensiones a su pequeña hija y, en un caso paralelo, fue acusado de no haber cancelado un préstamo.
Salazar, afín al oficialismo, motivó la toma de la sede de la entidad ubicada en La Paz y ahora impide que la presidente legítima, Amparo Carvajal, pueda tener acceso a un baño, pese a un fallo judicial en ese sentido.
Brújula Digital obtuvo dos legajos judiciales que señalan que Salazar se negaba a pagar 1.000 bolivianos mensuales que había voluntariamente fijado a favor de su hija y luego acudió a una jueza de Sucre, donde reside, para ofrecer solamente 500 bolivianos al mes aduciendo que “estaba en la calle” y que no tenía trabajo, pese a que es abogado. En otro proceso, fue acusado de no pagar una deuda de 3.020 bolivianos a una persona de Sucre.
“El monto de 1.000 bolivianos no se acomoda a mis paupérrimos ingresos económicos mensuales, lesionando de esa forma” mis derechos, señaló Salazar en el memorial de junio de 2019.
Salazar, que en ese momento era presidente de la APDH de Chuquisaca, solicitó a la juez público primero de familia de Sucre, Helga Palacios, la opción de entregar, además de los 500 bolivianos, solamente dos mudas de ropa, mientras la madre de la niña, Liliana S, pedía 1.000 bolivianos más cuatro pares de calzados y cuatro chompas.
La jueza negó el pedido de Salazar en enero de 2021 y señaló en su fallo que por estar “mental y físicamente sano” y tener una profesión, el padre de la niña podía perfectamente buscar un trabajo y pagar la pensión, que consideraba incluso baja.
Pero Salazar no lo hizo, señalan los documentos, y no canceló esas pensiones durante 19 meses, hasta acumularse una deuda de 19.000 bolivianos, por lo que la jueza Palacios ordenó su detención en el penal de San Roque, de Sucre, el 21 de abril de 2022. En esa situación, Salazar finalmente pagó su deuda y evitó ir a la cárcel.
Brújula Digital se comunicó con Salazar para pedir una contraparte, pero este se negó a hacer una declaración. “No tengo que contar mi vida privada a nadie”, dijo en su último mensaje de WhatsApp.
La madre de la niña dijo en sus apariciones ante la jueza Palacios que le extrañaba que Salazar diga que no tiene ingresos si era visto con frecuencia en bares de Sucre invitando bebidas alcohólicas a diferentes personas y si tiene la profesión de abogado. Salazar respondía que por ser su trabajo ad honorem al mando de la APDH de Chuquisaca, no tenía ingresos, pero esa labor no es de tiempo de completo y por lo tanto tenía tiempo libre para conseguir otros recursos.
La madre de la niña es comerciante y va a su puesto de venta llevando a la menor.
Personas relacionadas a la defensa de los derechos humanos hicieron notar cómo es posible que alguien que ni siquiera respeta los derechos de su propia hija y evita hacer los pagos acordados pueda ser presidente de la entidad que defiende los derechos humanos en el país.
Deuda impaga
En otro legajo obtenido por Brújula Digital, Rubén Condori Limachi acusó a Edgar Salazar Limachi (posiblemente familiares) de no haber cancelado un préstamo de 3.020 bolivianos que le hizo en noviembre de 2021.
Ante las sucesivas negativas de parte de Salazar de pagar la deuda, y que duraron un año, Rubén Condori acudió al juez público de turno en materia civil comercial de Sucre para acusarlo y exigir el pago, que fue aceptado. Tras el fallo de conminatoria de pago, Salazar recién saldó sus cuentas en noviembre de 2022.
