JIMMY ORTIZ
Nunca vi; en mí ya larga vida, un país tan destruido. Los 16 años del populismo masista; dirigidos desde Cuba, han dejado trágicas secuelas en Bolivia. No hay duda, que cada día estamos más cerca de la destrucción económica y social de Venezuela y de la dictadura nicaragüense.
En lo político, el rasgo más trágico es la destrucción de la verdadera democracia, que el pueblo de Bolivia recuperó de las sangrientas garras del Plan Cóndor en 1982. La Carta Democrática Interamericana de la OEA, aprobada unánimemente por los políticos del continente el 2001, no se cumple. El más emblemático irrespeto a la democracia, fue el megafraude 2019, que precipitó la renuncia de Evo Morales y su posterior huida, con la cola entre las piernas.
El Estado de derecho es un cuento chino, así como la separación e independencia de poderes. Han transformado a la justicia en su mejor arma, para destruir a los que piensan diferente. Hoy existen más de 250 presos, perseguidos y refugiados políticos, que luchan por la libertad de la patria. Usan también su “justicia” para tapar el abuso, así como la inocultable corrupción pública.
Se ha llegado al extremo, que el mismísimo presidente Arce Catacora regala vehículos robados a su militancia (Los Tiempos 14/05/2023). La narcopolítica; dirigida desde Chapare, es otra de las más notables características de estos tiempos, que envilecen la política y la nación.
En lo económico el panorama no es menos trágico, a pesar del superciclo capitalista de las materias primas, que hizo llover un turbión de dólares sobre la nación, como nunca en su historia, dinero que pudo servir para sacarnos del Tercer Mundo. Todo este dinero fue despilfarrado en la podredumbre del Fondo Indígena, en empresas públicas deficitarias, en una abultada burocracia estatal y en pinches canchitas de pasto sintético. Hoy por hoy, Bolivia es un país al borde de la bancarrota, como lo demuestran las diferentes calificadoras internacionales de riesgo, que evalúan el riesgo país, depreciando continuamente los bonos emitidos por el Estado. Y para acabarla de amolar, la inseguridad jurídica no permite la inversión privada nacional y extranjera, componente indispensable para el progreso económico y social.
En lo social tenemos el segundo país más pobre de Sudamérica, tildado internacionalmente como un narco-Estado. El reciente hallazgo de casi media tonelada de cocaína en el aeropuerto de Madrid, transportada por la empresa estatal BoA, les da la razón (Página Siete 31-03-2023). Como si esto fuera poco, Bolivia es un país con la moral pública destruida, cautiva de la corrupción, con una educación de pésima calidad y una inseguridad ciudadana creciente. “Todos los hechos configuran un escenario complejo y desalentador para el país. Son señales que muestran que hay descomposición en muchas esferas del quehacer nacional. El Gobierno nacional mira de palco, pero nada hace para cambiar esta realidad y se va replicando a escala nacional, departamental y municipal. Basta con contar los hechos de corrupción que no son castigados, a los que se les busca justificación, como si la gente fuera tonta y fácil de engañar” (EL DEBER 30-05-2023).
Ante este panorama desolador, la solución es obvia: las fuerzas democráticas tienen la ineludible obligación, de formar un frente amplio, para sacar a Bolivia de las fauces del SS XXI (Socialismo Siglo XXI). El populismo comunista, tiene que caer por segunda vez, como cayó con el Muro de Berlín en 1989.
