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De los 768 casos de vulneración a las libertades fundamentales, el derecho a defender derechos y la institucionalidad democrática, el 25% (182 casos) fueron cometidos por efectivos de la Policía nacional, siendo esta institución la que mayor cantidad de vulneraciones ha cometido durante el 2022, según el Informe de Situación presentado por el Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
UNITAS presentó el Informe de Situación 2022 en el que muestra y desglosa las violaciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica, a la institucionalidad democrática y al derecho a defender derechos cometidas durante el año pasado.
“En términos cuantitativos, el principal agente vulnerador durante el año 2022 fue la Policía nacional. En total, la Policía nacional acumuló el 25% del total de las violaciones registradas; esta cifra se corresponde directamente con su intervención desproporcionada en conflictos sociales, particularmente aquellos que involucraron protestas de interpelación al gobierno nacional (68% de los casos de su participación)”, se lee en el informe.
Las vulneraciones cometidas por la Policía fueron en mayor proporción en contra del derecho a la protesta con un total de 123 casos. Entre los episodios más resaltantes están las represiones policiales a las protestas realizadas en Santa Cruz con motivo de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho o las efectuadas por la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.
También resaltan las actuaciones irregulares de la Policía en el conflicto de los productores de coca de La Paz por el mercado paralelo, en el que se dieron, además, detenciones de los dirigentes de este sector. También están las gasificaciones desproporcionadas a las protestas de los maestros urbanos por mayor cantidad de ítems.
Pero no sólo fue el derecho a la protesta, sino también la actuación policial en contra de la institucionalidad democrática con 24 casos. Como ejemplo, el informe cita los actos contrarios al ejercicio de derechos cometidos por efectivos del orden cuando gasificaron a una familia y su bebé durante el paro por el Censo en Santa Cruz o cuando, para detener al gobernador Camacho, emplearon una desmedida fuerza hasta encañonarlo.
También resaltan casos en los que la Policía no se ajustó a los procedimientos basados en la norma al momento de detener a manifestantes en Santa Cruz, a quienes torturaron o reprimieron con violencia por su participación en el paro y bloqueo de la ciudad exigiendo la realización del Censo. Otros casos muestran detenciones arbitrarias con el uso de agentes encubiertos, como se observó en la detención de tres activistas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia durante una movilización multisectorial realizada en julio de 2022. También se registraron casos relacionados a arrestos irregulares de personas por no portar su CI cuando circulaban por la zona de Villa El Carmen, punto del conflicto cocalero.
En el informe también se muestran los casos de jefes policiales involucrados en temas de corrupción, entre ellos la investigación fiscal que determinó imputar al director de la FELCN, coronel José María Velasco, y al exdirector nacional de la Umopar, coronel Franco Jaime Arancibia, por protección al narcotráfico; o la vinculación del subdirector de Diprove, coronel Rolando Téllez, y el comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, coronel Raúl Cabezas Pantoja, en el robo y comercialización de vehículos provenientes de Chile.
Las vulneraciones policiales se trasladan también a las restricciones a la libertad de prensa (18 casos). Sobre todo, son casos de agresión a periodistas suscitados en los conflictos de Santa Cruz, por ejemplo, Roger Ramos y Joel Orellana de UNITEL o el camarógrafo José Enrique Tarqui del portal Periodismo Somos Todos son casos en los que la Policía se convirtió en el principal agresor de los trabajadores de los medios de comunicación. En estos episodios se suma el incumplimiento policial del deber de proteger a periodistas, en varios registros del Informe de UNITAS se menciona cómo la Policía no protegió o evitó que periodistas y trabajadores de los medios sean agredidos por grupos de choque afines al MAS y otros grupos de personas cuando éstos realizaban su labor de informar.
A estas agresiones y omisiones policiales se suman casos en los que la Policía intentó violar la reserva de fuentes, como fue el caso del mayor Alfredo Miranda que expidió un requerimiento fiscal policial para que el periodista Santos Mamani revele la fuente de una información en Culpina, Chuquisaca.
Por último, la Policía también fue vulneradora del derecho a defender derechos (17 casos) en 2022, por ejemplo cuando detuvo a un grupo de 13 activistas pluridiversas en la protesta que realizaban por la denuncia de abuso sexual a una niña de 6 años en un colegio de la zona Villa Copacabana en La Paz; o cuando detuvo a otras tres miembros de este colectivo en la ciudad de El Alto, cuando pegaban carteles con mensajes de justicia y en contra de la violencia de género; o cuando efectivos del orden agredieron al diputado Miguel Roca cuando se apersonó a oficinas de las FELCC para conocer la situación de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca que habían sido detenidos en una represión policial.
Después de la Policía, los otros sectores vulneradores de las libertades fundamentales son otros grupos de personas y persona particular, ambos con el (26%), después están autoridades del ejecutivo nacional (12%), miembros del legislativo nacional (7%), autoridades del Órgano Judicial (7%), miembros del Ministerio Público (7%), autoridades del nivel municipal (5%), entre otros.
El Informe de Situación es producto de un trabajo diario de monitoreo y seguimiento que lleva adelante el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, que registra casos de vulneración en todos los niveles territoriales: nacional, departamental, municipal, regional y territorios indígena originario campesinos.
//FUENTE: ANF//
