DIEGO AYO
El caso BoA no es un asunto menor y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al responder sobre ese asunto, miente. Lo hace siempre. Me interesa poner en evidencia su repentina gana de confesar: “Una mafia internacional del narco penetró al Gobierno”. Siempre, absolutamente siempre, lo negó enfatizando nuestra condición de “centro de paso de la cocaína de Perú a Brasil”. Genial que se digne a confesar. Sin embargo, ¿realmente lo hizo? Tengamos en cuenta un dato de partida: a los mentirosos compulsivos les creemos con igual crudeza que a los sinceros compulsivos, sólo que dando la vuelta lo argumentado. Si el sincero te dice que es blanco, es blanco. Si el mitómano de marras te dice que es blanco, es negro. Así de simple.
Volvamos pues atrás: Del Castillo dijo que hay una “mafia internacional” involucrada en el caso BoA. Parece una verdad inapelable. ¿Sí? No, claro que se puede apelar. Y si esta digna autoridad soltó sin desparpajo esta sentencia es porque no es ni debe ser cierta. Su arrebato de aparente honestidad no debe confundirnos. Él no es así. Por ende, si dijo “mafia internacional” es porque el actor estrella debe ser, siguiendo el razonamiento inverso propuesto, ¡una “mafia nacional”! Y, ¿qué sería esta mafia nacional? Vale la pena poner sobre el tapete las siguientes hipótesis.
Una primera hipótesis: el Gobierno de Arce se queda sin plata. Sí, es cierto. Ya lo sabíamos. ¿Cómo cambia esa certeza con lo ocurrido? Sepamos que Bolivia, como centro de paso, vendía un kilo de cocaína en 2.500 dólares al Primer Comando de la Capital, quienes a su vez vendían el mismo contenido en 25.000 dólares a México, 50.000 a Europa o 100.000 a Australia. Ésa es la diferencia. Nacionalizar el negocito reportaría 1.000 por ciento más de utilidad. Ergo: no seamos ya meros comerciantes minoristas de la cocaína, ¡vendamos con orgullo como comerciantes mayoristas! Perfecto. Y, de yapa, si es en nuestra nave BoA con destino europeo, mucho mejor. ¿Qué logramos? Nos zafamos de las mafias brasileñas y vendemos directamente. Sin intermediarios, ¡a precios exorbitantes!, con pleno control de la mercancía.
Segunda hipótesis: el Gobierno -indudablemente Del Castillo- logra que los cocaleros ganen más. Mucho, pero mucho más. ¿Resultado? Lo aman. Sí, ellos ganan desenfrenadamente, Del Castillo se legitima frente a los mismos cocaleros al mando de Morales y el ex presidente cocalero, con quien tiene una agria disputa, pierde apoyo. Victoria del ministro de Gobierno. Victoria de Arce. Como están las cosas, el resultado es perfectamente inverso.
Una tercera hipótesis: el Gobierno, en esa situación, ya no es un proyecto de Estado-narco, ¡se transforma en un narco-Estado! Sepamos que de 2014 a 2018 la cantidad de coca plantada en Bolivia, Perú y Colombia se duplicó.¡¡Se duplicó!! La razón es triplemente nacional: Bolivia promulgó a principios de 2017 la Ley 906 de la Coca. De acuerdo a la reflexión académica del exsenador Carlos Borth, esa norma permitió, ya el primer año, incrementar los cultivos de coca en 500 por ciento: ¡en cinco veces!
Por tanto, esta ley posibilitó, y lo hace, la ampliación vasta del comercio de la coca. Colombia, a su vez, logró la capitulación de las FARC en 2016. Esa victoria quebró el monopolio en el manejo de la cocaína que pasó de las 48.000 hectáreas cultivadas en 2012 a las 150.000 en 2018 y a las más de 200.000 en el presente. Finalmente, Perú pasó del 2018 al 2020 de 60.000 a 83.000 hectáreas de coca. ¡Nunca se produjo tanto! Sí, pero no es todo.
A decir del Reporte Global sobre Cocaína del 2023, si Asia, desde el presente, empieza a demandar igual cantidad de cocaína que el Este de Europa, pasaríamos de contar con 21,5 millones de “usuarios” a casi 60 millones (sin tomar en cuenta otros mercados en surgimiento). ¡El triple! ¿Qué puede significar esta cifra? La expansión acelerada y segura del negocio de la coca. Hoy se calcula que exportamos 400 a 500 millones exclusivamente como negocio de la cocaína, que se multiplican exponencialmente en nuestra economía (en la construcción, los automóviles, los restaurantes, etc.) hasta alcanzar los montos de 2.500 a 3.000 millones de dólares anuales. Si fuésemos los directos comercializadores, ese monto podría triplicarse, cuadruplicarse, quintuplicarse… Y, claro, si ampliamos las redes a Asia (y a otros mercados) ese monto, ya ampliado, podría seguir incrementándose.
¿Y la crisis económica en curso? Al carajo… ¡Viva BoA! ¡Viva el narco-Estado!
DIEGO AYO SAUCEDO
Politólogo e Investigador Social
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
