Con cierta destreza y asumiendo el desgaste, el Gobierno Nacional ha logrado mover el foco de la atención política y mediática hacia la justicia. O más concretamente, hacia la falta de justicia. Lo ha hecho aprovechando un hecho “casual”, como el del doble feminicidio descubierto en El Alto y atribuido a un sujeto que ya había sido sentenciado, pero que gozaba de libertad gracias a una serie de informes truchos. La indignación rebasó el vaso y el gobierno reaccionó de aquellas maneras. Al menos creó una comisión que va más o menos actuando y que tiene una premisa por encima de todas las cosas: presentar la Justicia como un ente podrido, pero sin responsabilidad del gobierno.
De entrada le va resultando, porque se ha trascendido una línea roja indignante: una cosa son manejos políticos – que siempre hubo – y otra, dejar asesinos sueltos para que vuelvan a reincidir. La comisión va señalando casos y poco a poco se desarticulan, teóricamente, algunos consorcios de jueces y abogados que venían manejando estos asuntos, pero en algún momento se volverá a señalar los casos políticos, porque son igualmente deleznables, y porque seguramente ha sido la impunidad que ahí se ha impuesto la que ha derivado en la podredumbre general.
En Tarija todavía no se ha desvelado ninguno de estos consorcios, pero está claro que tanto con Gilbert Muñoz en la Fiscalía Departamental como en los años posteriores a su relevo ha habido sentencias difícilmente explicables y sentenciados liberados que debe explicar la Magistratura. El caso más emblemático es precisamente el de Jairo Delgado, condenado por parricidio y cuya esposa trabaja precisamente en la Magistratura, a quien se le señala como uno de los “negociadores” de los casos en Morros Blancos, y que se ha dado a la fuga en medio del escándalo.
La visita de García Sayán, relator de Naciones Unidas para la independencia judicial junto al inicio del juicio a Jeanine Áñez, con todos sus problemas, vuelve las miradas precisamente sobre la política, pero se espera que eso no acabe por difuminar el asunto y llevarlo a la lucha meramente partidaria. La justicia, señalan, necesita un cambio de raíz.
Con el escándalo, el MAS se ha sacudido la presión creciente por sus últimos fracasos legislativos, como el de la estrategia contra las ganancias ilícitas, y ha quitado ligeramente el foco de la polarización Golpe – Fraude que marcó el 2021 sin obtener ninguna noticia positiva para ellos. Claro, también ha logrado tapar al gran público el pulso que mantienen los sectores sociales por el liderazgo, cada vez más discutido, de Evo Morales.
Gestión o diversión
Bien porque las papas queman, bien porque Tarija hace tiempo que se da por territorio políticamente perdido, al Ministerio de Hidrocarburos no se le ha ocurrido otra cosa que volver a enredar, en la semana de compadres, con los dos temas más sensibles en el territorio: Margarita y Tariquía.
Por un lado, se plantea la revisión del factor de distribución establecido en 2012, luego de que se cumpliera la voluntad de Repsol, para regocijo de Chuquisaca, de dar por unido el campo Margarita y Huacaya y contar todas las explotaciones sobre el mismo reservorio para repartir regalías. Entonces Huacaya era testimonial. Ahora el Margarita 10 se ubica en territorio aparentemente chuquisaqueño, pero no deja de sorber del mismo reservorio, por lo que de acuerdo al criterio de entonces no debería modificarse el factor… pero alguien parece empeñado en que sí.
A la vez, el viceministerio de Exploración y Explotación anuncia que está listo el desembarco en Astillero, en el costado este de la reserva de Tariquía, en Padcaya, sobre el río Gran Tarija, fuera, pero porque una modificación del plan de Manejo lo dejó fuera recientemente del área núcleo de especial conservación.
En Tarija se alista pelea porque, por experiencia, nadie espera buenas intenciones para con el departamento, ahora, las fuerzas se encuentran dispersas. Margarita sigue siendo un campo sin definir territorialmente entre Gran Chaco y O´Connor y el partido azul no prevé mucha pelea por el factor de distribución y menos por Astillero, que no está en su jurisdicción pero les seguiría rentando. La batalla recién ha comenzado.
El Sedeca, una muerte no tan anunciada
En medio de estos días carnavaleros, el gobernador Óscar Montes avanzó en uno de los proyectos advertidos ya durante el primer año de gestión – no antes -, como es el cierre del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), al considerar que la entidad es un “pozo sin fondo” que dilapida los recursos departamentales esencialmente en los proyectos de ejecución directa. La intención es crear una Dirección que se encargue del trabajo técnico y la supervisión, mientras se eliminan el resto de gastos.
//FUENTE: EL PAÍS//
