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El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que hubo “uso desproporcionado, indiscriminado y letal” de la fuerza contra los manifestantes que exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte desde diciembre ha provocado tensión entre el gobierno y la oposición.
La presidenta Boluarte Zegarra ofreció una entrevista al diario El Comercio, en días recientes, donde se deslindó de cualquier responsabilidad política por las muertes ocurridas en las marchas tras el informe de la CIDH. “Ni los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen”, sentenció Boluarte durante la entrevista.
La declaración de la mandataria generó inmediato rechazo de las bancadas del Parlamento que han respaldado su permanencia en el cargo. “La presidenta como jefa suprema de las Fuerzas Armadas es la única que puede disponer el empleo de las Fuerzas Armadas. Lo que está haciendo ella es eludir la responsabilidad política”, mencionó el congresista Roberto Chiabra del Partido Alianza para el Progreso.
“La responsabilidad política de la presidenta no se la quita nadie, así lo diga ella en altavoz, que no la tiene”, anotó Jorge Montoya, portavoz del Partido Renovación Popular. En tanto, Patricia Juárez, portavoz de Fuerza Popular, agregó que Boluarte Zegarra “tiene la responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en general”.
Debido a la ola de cuestionamientos, la presidenta Boluarte tuvo que salir a declarar su respaldo a las Fuerzas Armadas en un intento por bajar la tensión que ocasionó.
“Ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país”, dijo en una actividad.
La Voz de América analizó el impacto del informe de la CIDH con especialistas en Lima que alertan que el documento podría complicar el futuro legal y político de la presidenta Boluarte.
En búsqueda de justicia
En las conclusiones del informe de la CIDH se menciona que hubo “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales” en Puno y Ayacucho (departamentos del Perú).
En la ciudad de Juliaca (Puno) hubo 17 muertos en las marchas contra Boluarte. Entre las víctimas estaba el paramédico Marco Samillán, estudiante de último año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, quien murió tras recibir un disparo en el tórax por haber ido a socorrer a los heridos durante un enfrentamiento entre manifestantes y las Fuerzas Armadas, el pasado 9 de enero.
“Es una esperanza y luz que se nos abre a mi familia y hermanos porque sí hubo masacres, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos”, dijo a la VOA Raúl Samillán, hermano del fallecido. Agrega que el documento de la CIDH les renueva la confianza para que se puedan hallar a los culpables y paguen sus culpas en la cárcel.
“La presidenta Boluarte, los ministros del Interior y Defensa, los policías y militares que dispararon deben ser investigados y sancionados. Nos parece bien que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señale que debe haber celeridad y transparencia en este caso que la fiscal de la Nación está tratando de dilatar”, anota Samillán.
El hermano del fallecido paramédico Samillán cuestionó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha realizado cuatro cambios en estos meses que solo dificulta la investigación de las muertes en las protestas de diciembre de 2022 y enero de este año. Además, cuestionó a la mandataria Boluarte por tratar de eludir cualquier responsabilidad política.
“El daño que han causado a nuestras familias no tiene nombre. No podían quitarles la vida como si no valieran nada. [La postura de eludir responsabilidad de la presidenta] es desesperación y miedo a lo que ya viene en camino porque va rendir cuentas a la justicia”, enfatizó. No descartó que su caso lo lleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Imputaciones contundentes
El abogado penalista Carlos Rivera Paz sostuvo a la VOA que el informe de la CIDH resulta muy bueno porque establece claramente que las responsabilidades del Estado peruano se dieron en un contexto de crisis política e institucional. Además, recalcó que también se menciona que el Ministerio Público no estaría desarrollando correctamente su labor “de investigar el crimen y buscar a los culpables o perpetradores”.
“Han pasado cuatro meses y el avance de las investigaciones es mínimo. Es un hecho absolutamente imputable a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que conduce el Ministerio Público”, opinó. El letrado del Instituto de Defensa Legal también aseguró que la CIDH evidenció los problemas que hay para avanzar con las indagaciones como la falta de fiscalías especializadas en derechos humanos en todo el país.
Rivera consideró que las declaraciones de la presidenta Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola de negar que hubo masacres y ejecuciones extrajudiciales forman parte de sus defensas ante los delitos de genocidio y homicidio que les imputan.
“Es lamentable que una jefa de Estado y ministros incurran en declaraciones tan bajas. En el caso de Otárola, queriendo desconocer el trabajo que la CIDH realizó en su visita. La presidenta Boluarte yendo a una argucia”, manifestó el penalista. Acotó que Boluarte y Otárola están enfrentando las circunstancias más complicadas por las decisiones y omisiones que tuvieron.
“Librarse de cualquier responsabilidad no les será suficiente. Saben [Boluarte y Otárola] que hay jurisprudencia en materia de derechos humanos en estos casos y van a terminar en la cárcel”, concluyó Rivera.
Por su parte, el jurista Fernán Altuve consideró en diálogo con la VOA que el informe de la CIDH no tiene ningún valor jurídico y, por el contrario, señaló que resulta más político. Calificó que el documento es “un instrumento violatorio de los derechos humanos de origen”.
“Está lleno de referencias a personas que no les han preguntado el contexto de sus declaraciones. Si usted le imputa algo a un declarante como se señala en el informe, él debe tener el derecho de brindar su descargo. Aquí hay defensores de derechos humanos que no cumplen con el elemental derecho de pedir el descargo a la persona que citan en el documento”, refirió.
Altuve también cuestionó las declaraciones de la presidenta Boluarte, quien señaló que no tenía mando respecto a las acciones de las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones de diciembre del 2022 y enero de este año.
Mellada imagen política
El politólogo Alonso Cárdenas recordó a la VOA que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales en los casos Barrios Altos y La Cantuta. En el caso de Dina Boluarte, consideró que el informe de la CIDH describe una realidad más delicada porque también se habla de masacres.
“Hay abundante evidencia de video, exámenes balísticos, análisis forenses, testimonios y el documento va en concordancia con investigaciones hechas por el New York Times, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Y falta el informe que haga el Alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas”, explicó.
El docente en Ciencias Políticas por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya anotó también que la imagen de la presidenta Boluarte estará más venida a menos de lo que está actualmente con las conclusiones de la CIDH.
“Tiene 15 % de aprobación en estos primeros cinco meses de gobierno. Ningún presidente, desde que se recuperó la democracia en el 2000, tuvo tan poca aprobación en poco tiempo. Es resistida en el ámbito internacional. No tiene embajador en Honduras, México, Colombia. Nos hemos distanciado de Bolivia, Argentina y Chile”, refirió.
Cárdenas mencionó que la situación se le pone muy complicada a Boluarte Zegarra tomando en cuenta que aún en el norte no han superado los estragos dejados por las lluvias de marzo, en el sur existe un problema migratorio con ciudadanos extranjeros que desean ingresar por la frontera con Tacna, hay grandes indicios de corrupción en nombramientos de personas cercanas a ella y la ola de inseguridad no tiene cuándo acabar. “No se ve una reacción del gobierno”, sintetizó.
El politólogo consideró que la presidenta cometió un error al nombrar a Alberto Otárola como su primer ministro. “Se necesitaba un perfil político mucho más conciliador, dialogante, y menos confrontacional. Si tú confrontas, termina en una tragedia. Ahora, la responsabilidad penal de Otárola está clara”, resaltó.
Finalmente, Cárdenas pronosticó que podría haber una eventual tercera ola de protestas para julio, argumentando que el gobierno de Boluarte, desde el punto de vista de la gestión pública, no ofrece nada. “Es una presidenta que gobierna en cuatro paredes porque la población la rechaza”, zanjó.
Por otro lado, el excanciller Luis González Posada explicó a la VOA que el informe de la CIDH es absolutamente “sesgado”. Además, acotó que omitieron que las protestas que sacudieron al país por 51 días surgieron a partir de la política de división que el expresidente Pedro Castillo ejecutó durante sus 18 meses de gestión contra la prensa, la fiscal de la Nación y la promoción de una Asamblea Constituyente.
“Toda la gente que participó en esa campaña [de Pedro Castillo] bloqueó las carreteras, atacó aeropuertos que fueron calificados como terrorismo por la Convención de las Naciones Unidas, dinamitó comisarias, incendió locales judiciales, quemó vivo a un policía, impulsaron a la muerte a seis soldados para que entren a un río en Puno. Estos hechos no son destacados por el informe de la CIDH”, alegó.
González Posada también criticó que el documento tenga referencias al modelo económico y haga recomendaciones al Congreso para que evalúe algunas acciones como la vacancia, la acusación constitucional y la disolución de este poder.
Propuesta polémica
La publicación del informe de la CIDH provocó que la oposición también solicitará a la presidenta Boluarte que disponga el retiro definitivo del Perú del sistema interamericano.
El internacionalista Francisco Belaúnde consideró a la VOA que es viable esta opción, pero este paso también resultaría malo para la imagen del Perú. “El gobierno ha estado bajo las críticas si decide retirarse (de la Corte IDH), pues va ser muy malo para la imagen del Perú y eso no es lo más conveniente. Es de las peores de las opciones”, refirió.
El experto anotó que la gestión de Alberto Fujimori (1990-2000) quiso salirse del sistema interamericano en 1999, pero no pudo.
Además, alegó que no se lleva un proceso justo y transparente respecto a las muertes ocurridas durante las protestas contra la presidenta Boluarte, eventualmente puede pasar que el Perú pueda ser denunciado ante el Corte Penal Internacional como le sucedió a Venezuela en 2018.
“Si se cometen violaciones a los derechos humanos y no son sancionadas por el sistema judicial, pues habría impunidad y nos dejaría propiamente como Nicaragua, Venezuela o Cuba a ese nivel”, anotó Belaúnde.
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