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Una denuncia por el presunto intento de soborno al mallku de Hampaturi y la revelación de dos audios en los que se explica cómo se deben paralizar trámites del pago servicios, para luego ejecutar extorsiones a empresarios, ahogaron la gestión del interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, quien fue suspendidos en las últimas horas. Él afirmó que se trata de una campaña de desprestigio.
“El tema es que continuaremos (cumpliendo) la suspensión por un tiempo, para poder aclarar (las denuncias en su contra). No podemos perjudicar a la empresa (Epsas), hoy tenemos reunión con los gerentes para coordinar y que se pueda brindar todo el apoyo al suplente que estamos dejando, porque lo que más nos interesa es garantizar el suministro de agua, con las perforaciones de pozos, porque realmente tuvimos un año seco”, explicó Iraizos este martes a Página Siete.
Luego de que el marca mallku de Hampaturi, Ramiro Choque, denunciara que Iraizos trató de sobornarlo con 20.000 bolivianos para que frene las denuncias en su contra y los pedidos de renuncia, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA) se instruyó la suspensión del interventor de Epsas, pero también se presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía por dos delitos.
“Se evidencia que su persona (Choque), en fecha 26 de abril de 2023, dio a conocer una denuncia ante esta instancia ministerial en contra del interventor de Epsas (…) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal y por la denuncia presentada por usted, esta cartera de Estado en tiempo hábil y oportuno presentó la denuncia ante el Ministerio Público, por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y cohecho activo”, señala la carta firmada por el Director de Asuntos Jurídicos del MMyA, Mario Rojas, con fecha del 28 de abril.
El 26 de abril Página Siete publicó la denuncia realizada por Choque, quien con diferentes elementos de respaldo sostiene que a nombre de Iraizos un abogado que trabaja en Epsas lo llamó de forma insistente para coordinar una reunión. En dicho encuentro, el representante le entregó 20.000 bolivianos con la condición de que calme a los pobladores de ocho comunidades de Hampaturi, afines al Gobierno del MAS, que pedían la renuncia del interventor, esto por incumplir los compromisos de dotación de agua para sus familias, ganado y cultivos.
Al margen de la revelación del mallku de Hampaturi, que fue la que terminó de generar la suspensión de Iraizos, se conocieron más denuncias de corrupción en su contra, relacionadas a presuntas extorsiones a empresas, compras con sobreprecio y despidos injustificados. Desde hace tres semanas, Página Siete buscó la versión de Iraizos, directores de Epsas involucrados y los encargados de Transparencia en esa entidad, pero la unidad de Comunicación no dio lugar a entrevistas ni contractos con los funcionarios.
Por medio de una llamada, Iraizos afirmó esta mañana que “ahora sí” los encargados de Comunicación de Epsas atenderán las consultas de este medio.
Sobre las otras denuncias, Iraizos calificó las calificó como una campaña de desprestigio que se generaron debido a su trabajo de fiscalización y procesos iniciados por irregularidades cometidas cometidos por funcionarios en anteriores gestiones. Sostuvo que los audios que circulan corresponden a 2020, durante “el Gobierno de facto”, que los mismos fueron manipulados pero “una investigación” reveló que fueron difundidos desde un computador de un exfuncionario de Epsas.
Los audios
Sin embargo, en los dos audios a los que Página Siete tuvo acceso se escucha la voz de Iraizos explicando cómo poner trabas al proceso de pago de servicios a dos empresas, este accionar tendría el fin de extorsionar a sus representantes para que paguen 5.000 y 7.000 dólares, y así ellos reanudarían el trámite de cancelación.
“El tema del Promec, que se les debe 900 mil bolivianos, es por la construcción de unos tanques de cisterna en los municipios, eso es (el trabajo) que ha hecho la empresa en varios municipios. Lo que tiene que decir el Monti (presunto funcionario involucrado) es una cosa: ‘el jefe de gabinete (del interventor de Epsas) quiere revisar el proceso de pago por la construcción de estos tanques’, eso tiene que decir para que lo paralice”, señala la primera parte de uno de los dos audios atribuidos a la voz del interventor de Epsas.
En la misma grabación se termina de explicar: “La directora administrativa le va a llamar a la empresa y le va a decir, ‘todavía no va a salir el pago porque el jefe de gabinete (de Epsas o el MMyA) quiere revisar (las obras que entregaron). Un fundamento técnico puede ser eso, que el jefe de gabinete quiere revisar, inmediatamente nos van a llamar (los representantes de la empresa, para reclamar) lo que estamos haciendo paralizar, para que nos den ese quibo (dinero). Ellos quieren dar 7.000 dólares, solo por (autorizar) pagar. Entonces el Monti, vos y yo, veremos cómo quiere repartir (el dinero), el Monti se tiene que llevar más (dinero), ya veremos eso”, finaliza la explicación.
Una de las versiones sobre este audio es que la explicación de Iraizos está dirigida a personal de su confianza en Epsas, cuando él ya ocupó el cargo de interventor, pero se desconoce la fecha precisa en la que se presume se envió el mensaje de WhatsApp.
Segundo audio
“La situación es la siguiente. La empresa ya ha firmado el contrato, pero los de Bienes tienen que darle la orden de proceder; entonces, los de Transparencia han enviado (e trámite) a los de Bienes (para preguntar) si no hay ninguna observación. Luego (el trámite) va a volver a Transparencia y tienen que decir ‘sí, no hay ninguna observación’, y se dará la orden de proceder”, se escucha decir en el audio atribuido al interventor.
Según esa explicación, luego de esas aprobaciones, la empresa implicada podría iniciar su trabajo desde una fecha determinada. “Esa es la hermenéutica que se sigue, y por (hacer) eso, para que les den la orden de proceder, estos tipos están ofreciendo 5.000 dólares, solo por ese informito. Ahora, si el Monti quiere, puedo pedir un poco más, pero mándale este audio, pero esa es la ruta crítica que se debe seguir”, termina la grabación.
Respuestas de Iraizos
Sobre el presunto soborno, Iraizos confirmó a Página Siete que presentó la denuncia contra el mallku Choque, quien, según le informaron, fue destituido de ese cargo en su comunidad y ya no es su representante, porque admitió que los 20.000 bolivianos no le fueron entregados por él. “Son falsedades”, aseguró y espera que la justicia notifique a Choque en el proceso por calumnias.
Sobre los audios, señaló que son grabaciones manipuladas de conversaciones que tuvo en 2020, cuando él no era interventor. Aseguró que, en 2021, con ayuda del entonces comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, investigaron la procedencia del audio y se estableció que la difusión de los videos con los audios se dio desde el computador de un exfuncionario del área informática en Epsas, al que se desvinculó por ese motivo.
“Es un audio de 2020, han tenido la habilidad de hacer un montaje, esto fue investigado por los cibernautas el 2021, porque pusimos en conocimiento del comandante de la Policía. Se ha hecho la investigación y se evidenció que el señor Dagoberto Condori generaba estos montajes”, manifestó Iraizos.
Sin embargo, explicó que esa “investigación” no fue dirigida por la Fiscalía y no hubo una denuncia formal, por lo que no hay informes oficiales sobre esas pericias. Pidió que, si existen irregularidades supuestamente cometidas por él, éstas deben ser informadas ante las autoridades correspondientes con las pruebas respectivas.
El pasado viernes, Iraízos declaró a los medios de comunicación que desde el 24 abril estaba con una baja médica y sólo había regresado a su cargo para aclarar las denuncias en su contra, pero este martes confirmó que continúa suspendido del cargo. Hasta el momento, el interventor no fue notificado con una denuncia formal en su contra.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
