MAGGY TALAVERA
Bolivia está en quiebra, al borde del colapso y lo que es más preocupante y peligroso, sin un salvavida a la vista. Una realidad que nos golpea cada día más fuerte y una carencia que pone en alto riesgo la ahora precaria estabilidad económica y financiera del país. Una carencia que es resultado de la tosudez del gobierno que preside Luis Arce. Reacio a admitir que Bolivia ya está viviendo el inicio de una verdadera crisis económca, posterga toda medida de salvataje, negando las evidencias que abundan hoy en todos los sectores.
Tal es el nivel de negación, que ni siquiera piensa en un salvida que pueda venir en forma de una o más medidas correctivas al Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, entre ellas la reducción del gasto público y del subsidio a los hidrocarburos (habría que comenzar por recortar el rimbombante nombre con el que el Gobierno ha bautizado a su plan económico). Peor todavía: el ministro de Economía y Finanzas acaba de afirmar que el problema “no es económico como tal”, sino un “problema de las fricciones políticas”.
Amalaya fuera solo un problemita de conflictos políticos al interior del partido oficialista. No hay duda que la escandalosa pugna interna del MAS impacta e influye en varias de las medidas que viene aprobando o intentado imponer el Gobierno, pero no es el factor o causa principal de la crisis. Las principales causas son otras y han sido señaladas desde hace al menos siete años por analistas y organizaciones nacionales e internacionales.
Basta hacer una revisión de las notas de prensa y los artículos de opinión o análisis publicados en esos siete años para dar con una larga lista de advertencias sobre la crisis económica que iba enfrentar Bolivia, si no se revisaban y corregían los entuertos del MESCP, un modelo estatista y populista que apuesta por ahogar y liquidar al sector privado, y por castigar y ahuyentar a los capitales e inversión extranjera.
Solo cito uno entre muchos ejemplos de esas advertencias públicas, recogido del portal France24 y que data de noviembre de 2019. En el reporte firmado por María Camila Hernández hay tres advertencias sobre la crisis económica que acechaba a Bolivia. Una del Fondo Monetario Internacional (FMI) hecha en octubre de 2018 en su informe “Perspectivas económicas para las Américas”.
El informe del FMI afirmó entonces que “si bien Bolivia sigue siendo una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, es necesario un cambio en la orientación de las políticas para restaurar el equilibrio externo, reducir los déficits fiscal y de cuenta corriente y mejorar la competitividad”. La misma nota cita otro informe, el de Fitch Rating publicado en 2019, en el que rebaja a negativa su perspectiva de Bolivia.
La baja en la calificación de la perspectiva económica de Bolivia fue justificada entonces por el director de Fitch, Todd Martinez, con la siguiente afirmación: “El desempeño relativamente estable y sólido de Bolivia en los últimos años y las cifras de titulares son algo engañosas porque, en nuestra opinión, reflejan políticas que parecen ser cada vez más insostenibles”. El reporte de France24 incluye además un análisis de Henry Oporto, que ya vaticinaba un escenario de crisis en Bolivia marcado por los desajustes fiscales y la reducción drástica de las exportaciones de gas.
Pese a todas las señales y advertencias hechas desde hace siete años, ni el gobierno de Evo Morales en su último periodo, ni el de Jeanine Añez que fue corto y accidentado, y menos aun el actual que preside Arce han sido capaces de admitir errores, revisar planes y replantear políticas que podrían haber sino evitado la crisis que está en ciernes sobre el país, al menos haber sentado las bases para amortiguar su impacto y reducir los daños.
Al contrario, el Gobierno de Arce ha decidido más bien profundizar y acelerar el MESCP, sin considerar los resultados negativos de esa apuesta, mismos que se reflejan en el fracaso de su apuesta por más empresas públicas en detrimento de la iniciativa privada, más cargas impositivas al capital privado nacional e internacional, imposición de marcos regulatorios desincentivadores de las inversiones privadas, amén de otras medidas e incluso ausencia de éstas en varios sectores claves para la economía boliviana.
Esa tosudez está llevando a Bolivia cada vez más cerca del precipio o aprisionándola más entre muros, como lo grafica bien el economista Carlos Jahnsen en un artículo publicado en estas páginas de opinión. Otra vez hoy, al igual que hace siete años, aunque con más evidencias que entoces, las calificadoras de riesgos y estabilidad económica, y un grupo cada vez más numeroso de analistas nacionales e internacionales están coincidiendo en afirmar que la economía de Bolivia ya está en crisis y al borde del colapso.
Tres calificadoras internacionales acaban de bajar la calificación de Bolivia: Fitch Ratings, Moodys y Standard&Poors. Coinciden en varios puntos para justificar esa baja: la caída de las Reservas Internacionales, la escasez del dólar, la baja producción de gas, el elevado gasto público y el alto nivel de subsidio en los hidrocarburos. A estas bajas calificaciones se suma The Economist con un reportaje duro que titula Bolivia está al borde de una crisis económica y su modelo está en quiebra, seguido de la frase “al borde del colapso”.
¿Y todo este descalabro pretende ser expuesto apenas como un problema de fricciones políticas, como declaró el ministro de Economía y Finanzas? Es mucho cinismo, dan ganas de gritar mientras vamos haciendo inventario de los estragos provocados en la economía por un plan de gobierno contrario al fortalecimiento de las capacidades productivas y de generación de riquezas del sector privado. Estragos que ya están pasando factura el mismo Tesoro General de la Nación, carente de recursos suficientes para cubrir las necesidades de la población.
¿Bastará la aprobación de una u otra ley, sea la del oro o la de la aprobación de créditos solicitados a los organismos internacionales? Definitivamente, no. Como dicen varias voces de expertos, la solución pasa por el cambio de modelo, una opción imposible dada la evidencia de un gobierno tozudo y reacio a revisar su MESCP, consciente de que esto es admitir que el tal modelo ESCP fracasó. Se vienen meses dífíciles.
MAGGY TALAVERA
Periodista y Directora de Periodismo Sin Photoshop
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
