HUGO BALDERRAMA
Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Bolivia cerró el año 2022 con un total de 237 avasallamientos a propiedades agrarias. El registro oficial muestra que en Santa Cruz son 104 tomas ilegales de tierras; Beni, 58; Pando, 31; Cochabamba, 17; La Paz, 3; Oruro, 5; Chuquisaca, 7; Potosí, 4 y Tarija, 8.
En casi todos, por no decir en todos, los avasallamientos se registraron tiroteos y acciones violentas, algunos hasta con policías y periodistas secuestrados, Las Londras, por ejemplo. Sin embargo, nadie tiene ningún interés en detener a estos bandoleros, incluso peor, parece que todos sus delitos gozan de total impunidad.
Con una superficie territorial que supera el millón de kilómetros cuadrados, similar a la de países como Colombia, Perú y Venezuela, Bolivia tiene, solamente, 11 millones de habitantes, frente a esas naciones que superan hasta los treinta millones de habitantes (Perú y Venezuela) y los cincuenta millones en el caso colombiano. Peor aún, Guatemala, el país más grande de Centroamérica tiene tan solo 109.000 kilómetros cuadrados (el 10% de nosotros) y una población de 17 millones de personas (50% superior a Bolivia). En síntesis, Bolivia es una nación inmensa con una población muy pequeña, entonces, ¿qué hay detrás de todos esos avasallamientos?
Aunque los asaltantes usan las más variopintas excusas, desde la pobreza, hasta el tema del indigenismo, lo cierto es que todos los avasallamientos, especialmente, en el oriente de Bolivia, responden a una invasión territorial de las zonas donde el Movimiento Al Socialismo es minoría. Ese actuar no tiene nada que ver con política, sino con movidas delincuenciales de las pandillas de tercera generación.
En la localidad de San Matías, frontera con Brasil, los sicarios asesinan gente cada semana. La violencia creció a tal extremo que varios lugareños están dejando sus tierras y propiedades. Para Jorge Santistevan, coronel de ejército y abogado, todos los hechos violentos en las tierras orientales de Bolivia tienen dos propósitos: 1) consolidar la presencia del Movimiento Al Socialismo en Santa Cruz, y 2) dar una zona libre de operaciones a las bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico.
Sobre el tema, el grupo investigación Insight Crime, en una investigación titulada: Detrás de la expansión del tráfico de cocaína en Bolivia, afirma lo siguiente:
El rol de Bolivia ha cambiado de ser un país productor de materias primas como la coca y la pasta base, a ser un exportador de clorhidrato de cocaína. Los encuentros cada vez más frecuentes de fábricas y laboratorios clandestinos en regiones remotas (los cultivos de coca aumentaron 44 por ciento entre 2019 y 2020 en áreas protegidas) evidencian la capacidad y flexibilidad que tiene el narcotráfico. Los métodos de transporte de la cocaína han tenido la protección suficiente (Policía Boliviana) como para llevar cargas más voluminosas a través de avionetas, embarcaciones, y vehículos y la utilización de los puentes aéreos hacia Brasil y Paraguay de escaso control, han sido los principales factores en la consolidación de las rutas del tráfico de cocaína del oriente boliviano. Ahora hay amplias zonas cooptadas por las actividades ilegales, incluyendo seis áreas protegidas con presencia de cultivos ilícitos y al menos 14 territorios indígenas con presencia de actividades relacionadas al narcotráfico. Se ha reportado la presencia de grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV) desde 2010, que son los que llevan al Brasil la gran parte de la cocaína que produce Bolivia. Estos grupos han logrado el control de ciudades fronterizas como Cobija, Puerto Suárez, San Matías, Guayaramerín, y otras.
Empero, las propiedades agrícolas no son las únicas que sufren el ataque de piratas, pandilleros y sicarios. A principios de abril del 2023, tres hoteles de la región potosina de Uyuni, el atractivo turístico natural más importante de Bolivia, fueron tomados violentamente por «comunarios», un eufemismo para no ser tachados de mareros. Los propietarios de los hoteles denunciaron que los violentos pedían 30 mil dólares en efectivo para dejar ingresar y salir a los turistas.
Esta no es la primera vez que se presentan problemas para los inversionistas del sector. En 2021 tres domos de una empresa turística suiza fueron quemados por pobladores del sudeste de Potosí, la excusa fue una licencia de funcionamiento con problemas de localización territorial.
Ante esta situación, La Cámara Nacional de Turismo Receptivo (CANOTUR) rechazó el asedio a las empresas y a los turistas. Además, exigió a las autoridades nacionales y departamentales asumir medidas para frenar los hechos violentos. No obstante, como el caso de los avasallamientos de tierras, no se ve el accionar del gobierno.
¿Bolivia es una democracia en crisis o es un Estado fallido?
Un Estado fallido es incapaz de garantizar la vida, la propiedad y la libertad de sus ciudadanos. Las características comunes de los estados fallidos incluyen la violencia extrema, la corrupción, el crimen, la pobreza, el analfabetismo y la infraestructura en ruinas. Todas esas características están presentes en Bolivia, hace mucho que somos un Estado fallido. Bolivia es tierra de nadie, delincuencia de todos.
HUGO BALDERRAMA FERRUFINO
Economista, Master en Administración de Empresas y PhD. en Economía
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
