–
La organización que representa a los principales diarios de Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), alertó a los ciudadanos que dos proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional intentan suprimir la libertad de expresión.
En un comunicado, la organización fundada en el año 1970, informa a sus lectores que un proyecto de regulación de las redes sociales y una propuesta para incrementar la pena de cárcel de cinco a siete años para medios y periodistas que difundan supuestos mensajes racistas, representan un mensaje de amedrentamiento a la labor informativa.
La ANP que registra agresiones e interferencia al trabajo de periodistas de medios privados y estatales, a través de su Unidad de Monitoreo, informa que los proyectos fueron enviados a la Asamblea Legislativa mientras en Bolivia se registran protestas de educadores, manifestaciones de rechazo a la administración estatal de los fondos de jubilación y denuncias de corrupción.
Recuerda que en 2010, advirtió del peligro de introducir sanciones a periodistas y medios en una ley contra el racismo. Dos años después, los directores de una agencia de noticias y dos diarios privados fueron citados a la fiscalía para responder por la supuesta difusión de mensajes racistas.
En una entrevista con el canal de noticias CNN, el presidente de la ANP, Jorge Carrasco, alertó que los mensajes y opiniones que incomoden al gobierno pueden ser sancionados por la vía ordinaria y con ello se desconocería la Constitución y la Ley de Imprenta que excluyen las penas de cárcel para periodistas.
El texto del mensaje difundido por la ANP es el siguiente:
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios de circulación nacional de Bolivia alerta a la ciudadanía sobre dos intentos de suprimir la libertad de expresión, una facultad humana irrenunciable y garantía de convivencia democrática.
De manera coincidente, dos proyectos del oficialismo proponen modificaciones en el Código Penal con el propósito de crear penas máximas de siete años de prisión por supuestos delitos “contra la dignidad” y por promover el racismo, pronunciar discursos de odio o incitar a la violencia.
Las propuestas llegan en momentos en que sectores sociales movilizados presentan demandas al gobierno, reclaman seguridad sobre la administración de los fondos de jubilación, y desde las propias filas del oficialismo se difunden denuncias sobre la importación de carburantes.
Un análisis simple lleva a concluir que existe el interés por restringir las opiniones libres, evitar los reclamos y demandas sobre temas cotidianos e impedir las protestas. De ese modo se buscaría imponer una narrativa oficial y aplicar un castigo a los ciudadanos que la cuestionen.
La ANP fue una de las pocas organizaciones que en septiembre de 2010, advirtió que la inclusión de sanciones a periodistas y medios en una ley contraria al racismo, derivaría en amedrentamiento y autocensura en el trabajo periodístico independiente.
En agosto de 2012, un influyente ministro abrió causa contra una agencia de noticias y dos periódicos, por un supuesto delito de promover “odio racial y discriminación”. La alerta de la ANP se cumplió y hoy el proceso judicial aún se halla abierto.
Como señala su estatuto de creación, la ANP cumple la tarea fundamental de defender el derecho de los ciudadanos a expresar ideas y opiniones, y exige el cumplimiento de Tratados internacionales, la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta que protegen el trabajo de periodistas y medios.
//FUENTE: ANP – UNIDAD DE MONITOREO//
