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El MAS pretende, a través de una ley, procesar penalmente “la discriminación y el odio” con la privación de libertad de hasta ocho años. Desde la oposición anuncian que darán batalla a este proyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y denuncian que esas nuevas figuras penales pueden ser utilizadas de forma “subjetiva” para la persecución política e incluso para inhabilitar a los asambleístas al mencionar al “servidor público”.
El documento, al cual tuvo acceso Página Siete, indica en su artículo 281 sobre “Discriminación”, que la persona que arbitraria e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosofía “será sancionada con una pena privativa de libertad de cuatro a siete años”.
Los otros grupos que también pueden reclamar que han sido discriminados son: por su estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta.
Fue enviado por Arce
El documento fue enviado por el presidente Luis Arce al titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, el 1 de marzo y se denomina “Ley 305/2022-2023 Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos”.
Seis días después llegó a manos de Jerges Mercado, presidente de la Cámara de Diputados, y el 17 de marzo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Magaly Gómez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), mandó a su colega Betty Yañíquez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para su tratamiento.
El proyecto también incorpora la nueva figura penal denominada “Actos de odio” en el artículo 281, que dice: “La persona que amenace, intimide, coaccione, agreda físicamente o lesione la dignidad de la otra persona, mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito, por motivos homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, por su pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o al pueblo afroboliviano, será sancionada con privación de libertad de cuatro a ocho años”.
Actualmente, el Código Penal no comprende las figuras de la discriminación.
¿Pero qué es el odio?
La Real Academia Española define al odio como: “Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”, sin embargo, el proyecto de Ley 305 no delimita el concepto, por lo que puede provocar “interpretaciones subjetivas”, que pueden conducir a un “proceso y una persecución judicial”, según la diputada Gabriela Ferrel, de Comunidad Ciudadana (CC), perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos que recibió el proyecto de ley.
“Obviamente, hay motivos razonables como los homofóbicos, la pertenencia a alguna colectividad y otros, pero voy a poner el caso de una asambleísta a la que ya se le hizo habitual, que cuando se le observa algo y se le dice que no es legal (su planteamiento), ella directamente indica que es víctima de discriminación y que además son actos de odio hacia ella. Entonces, este tema del odio debe tratarse con delicadeza a fin de que no sea mal utilizado junto a la discriminación como instrumentos de persecución política”, explicó la diputada Ferrel.
Su colega, el diputado Juan José Tórrez, también de CC, considera que el objetivo del MAS “es endurecer las leyes para seguir encarcelando”.
“Yo creo que los bolivianos vamos a estar más amordazados y cuando pase algo, ya nadie dirá nada por temor, y peor aún cuando tenemos un Tribunal Constitucional y un Tribunal Supremo de Justicia totalmente sometidos al MAS”, aseveró. Este medio intentó tener la versión de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Magaly Gómez, quien indicó que en la semana hablará sobre el tema.
Sobre servidores públicos
El diputado Tórrez revela que si el proyecto es aprobado y promulgado por el presidente Arce, hay un serio riesgo de que incluso bajo esas nuevas figuras penales puedan inhabilitar a algunos asambleístas nacionales.
El proyecto de Ley 305 menciona en los artículos sobre “Discriminación” y “Difusión e incitación al racismo y discriminación” que la sanción será agravada si el hecho ha sido cometido “por una servidora o servidor público, cualquiera sea su rasgo o jerarquía”.
“En el tema de racismo y discriminación los servidores públicos pueden ser suspendidos y hasta inhabilitados, o sea esto es muy grave. Sabemos muy bien que en la Asamblea muchas veces se dicen muchas cosas y esto puede interpretarse como racismo y discriminación”, advirtió Tórrez. En el caso del delito de violación, cuya pena privativa es de 15 a 20 años, la sanción se agravará con la inhabilitación de 10 años, si el sospechoso es servidor público.
El asambleísta criticó al MAS, que, según él, busca aparentar con este proyecto que cumple las recomendaciones de organismos internacionales, “pero nunca hacen caso a los organismos y en este proyecto lo único que quieren es incorporar tipos penales al Código Penal, basándose en lo que pasó en 2019”.
El proyecto de ley está todavía en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, donde el MAS tiene mayoría y se prevé que esta semana autoridades del Ministerio de Justicia se apersonen a esa instancia para exponer el documento.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
