–
El Gobierno de Estados Unidos publicó su informe anual sobre Derechos Humanos y en el capítulo sobre Bolivia subraya que la expresidenta Jeanine Añez no fue juzgada en un proceso político y que la justicia es vulnerable a la influencia indebida. Además, anota las denuncias de casos de tortura en el último año.
“La constitución establece que los presidentes en ejercicio y los expresidentes tienen derecho a un juicio político, en lugar de un juicio penal regular, por actos cometidos en el cargo. El Gobierno, sin embargo, emprendió procedimientos penales regulares contra Añez, en lugar de juzgarla en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el partido gobernante MAS carecía de una mayoría de dos tercios necesaria para destituirla”, se lee en el informe de DDHH de EEUU.
El 10 de junio de 2022, Añez fue declarada culpable y condenada a 10 años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes.
El informe, además, señala que grupos de derechos humanos expresaron su preocupación de que las detenciones de Añez y de miembros de su administración tuvieran motivaciones políticas.
“En junio, Human Rights Watch informó que no veía pruebas que respaldaran las vagas acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración. El informe de Human Rights Watch también señaló que a Añez no se le permitió estar físicamente presente en su juicio”, indica el reporte.
Independencia judicial
Sobre la justicia, el informe de EEUU señala que si bien la norma prevé un Órgano Judicial independiente, ese poder del Estado es “vulnerable” a la influencia indebida de los órganos Ejecutivo y Legislativo.
“La ley prevé un poder judicial independiente, pero el poder judicial seguía sobrecargado y vulnerable a la influencia indebida de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El poder judicial también estaba plagado de denuncias de corrupción”, señala el informe.
El reporte también señala que “las demandas se utilizaron con frecuencia para intimidar a los legisladores de la oposición”, y que en ese marco, “los observadores notaron que había un patrón claro entre las figuras de la oposición que hablaban en contra del Gobierno y poco después eran presionadas con cargos o llamadas a testificar en la corte. Una vez que las tensiones entre el Gobierno y la figura de la oposición disminuyeron, los procedimientos legales se volvieron inactivos hasta el próximo enfrentamiento”.
Las denuncias de casos de tortura
Según el informe, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2019 y marzo de 2022, se registraron 110 denuncias de tortura. Sin embargo, ninguna resultó en una pena de prisión. Asimismo, señala que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) denunciaron que el ministerio de Justicia no denuncia las torturas cometidas por parte de policías y militares.
“Las ONG informaron de que las investigaciones policiales se basaban en gran medida en la tortura para obtener información y obtener confesiones. Según los informes, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o retenían a personas detenidas. Según informes de ONG que trabajan con poblaciones carcelarias, las formas más comunes de tortura para hombres y mujeres detenidos incluyen violación, violación en grupo por parte de los guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gas lacrimógeno improvisadas, pistolas Taser, asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia”, se lee en el informe.
El documento cita, por ejemplo, el caso de los cocaleros detenidos el 10 de agosto de 2022 y el caso del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, quien falleció el año pasado estando privado de libertad.
“El 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo informó que la policía golpeó a 11 cultivadores de coca arrestados por protestar contra un mercado de coca rival y que los detenidos sufrieron contusiones. Un abogado de los agricultores agregó que se les privó de alimentos y se les impidió reunirse con sus abogados mientras estaban detenidos. En septiembre (de 2022), una ONG publicó un informe en el que concluía que Marco Antonio Aramayo había sido agredido 88 veces en prisión y torturado. El informe responsabilizó a numerosos oficiales de policía, jueces y funcionarios del gobierno por estos ataques. Varios funcionarios del partido político Movimiento al Socialismo (MAS) involucrados en el caso fueron acusados, pero ninguno había sido condenado al final del año”, señala el informe.
Por otra parte, en el documento se da cuenta de que la impunidad policial aún es un problema importante debido a la corrupción y la politización del sistema.
“Los mecanismos para investigar los abusos rara vez se utilizaban o aplicaban. La Defensoría del Pueblo recibió 110 denuncias de tortura entre 2019 y marzo de 2022, pero ninguna resultó en una pena de prisión. Los complejos procedimientos legales, el gran número de detenidos, la ineficiencia judicial, la interferencia del ejecutivo, la corrupción y los mecanismos inadecuados de seguimiento de casos contribuyeron a la impunidad policial. Con frecuencia, las investigaciones no se completaban debido a los sobornos a los investigadores de las partes investigadas”, indica el reporte.
Detención preventiva
El informe de EEUU indica también que se ha observado un abuso de la detención preventiva, ya que esta se ha convertido en la regla y no la excepción
“A pesar de los límites legales de la prisión preventiva, la prisión preventiva prolongada seguía siendo un problema, y las mujeres permanecían en prisión preventiva a tasas más altas que los hombres. Los complejos procedimientos legales, el gran número de detenidos, la ineficiencia judicial, la interferencia del ejecutivo, la corrupción, la escasez de defensores públicos y los mecanismos inadecuados de seguimiento de casos contribuyeron a demoras en los juicios que prolongaron la detención preventiva y mantuvieron a muchos sospechosos detenidos más allá de los límites legales para completar un juicio o presentar cargos formales”, señala el reporte.
Según los datos que recoge el informe, provenientes de fuentes oficiales, aproximadamente el 66% de la población reclusa consistía en personas en prisión preventiva en 2021, una cifra menor que en años anteriores, cuando el 70-85% de la población carcelaria estaba en prisión preventiva.
RESPUESTA DEL RÉGIMEN
El gobierno de Luis Arce, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó este martes que “no reconoce” el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos en Bolivia.
//FUENTE: PÁGINA SIETE/ EL DEBER//
