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Si la iniciativa de la Procuraduría prospera y los obispos son convocados a declarar por el caso que las autoridades judiciales llaman “Golpe I”, ellos volverán a señalar que buscaron el diálogo para pacificar el país en el contexto de la crisis política de 2019.
La asesora legal de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Susana Inch, precisó que la Procuraduría solicitó hace un año un informe a la curia sobre su participación en esos acontecimientos y la respuesta ha sido remitida por escrito.
“La Iglesia ya ha dicho su verdad, la ha puesto por escrito y la ha repetido varias veces, Es la misma que va a seguir repitiendo en todo momento. Lo que ha buscado la Iglesia, no solo en este momento, sino en muchas ocasiones, es procurar el diálogo y la paz”, afirmó Inch.
“La Procuraduría solicitó ya la información y es la información que seguirá entregando a las autoridades judiciales las veces que sea requerida”, añadió la jurista a radio Panamericana.
El reporte lleva como título ‘Memoria de los hechos de pacificación en Bolivia octubre 2019 – enero 2020’
“La Iglesia Católica rechaza toda acusación relativa a conspiración, propiciación, encubrimiento u otra forma de actuación que se relacione con un supuesto golpe de Estado”, se lee ese reporte público de 25 páginas que en 2021 fue entregado al papa Francisco, a la Fiscalía y otras autoridades bolivianas.
Respecto al fuero de los obispos, que son autoridades eclesiásticas designadas por el Papa, Inch señaló que este caso está vinculado a los acuerdos bilaterales entre el Estado Plurinacional y la Santa Sede del Vaticano.
“Los obispos tienen una posición distinta a la del nuncio apostólico en Bolivia, pero son nombrados por el propio Papa, en este caso el Papa Francisco, para poder cumplir una misión específica en un territorio determinado y ahí la condición particular. ¿Cuál es esa condición? Eso es lo que debe estar en el acuerdo”, precisó.
La Procuraduría General del Estado solicitó el 30 de enero al fiscal Omar Mejillones, encargado de investigar el caso ‘Golpe I’, citar a declarar a los integrantes de la CEB que participaron en las negociaciones para pacificar el país.
El caso está relacionado con los sucesos que marcaron la renuncia de Evo Morales a la presidencia, quien ese año se postuló para un cuarto mandato consecutivo a pesar de los resultados del referéndum de 2016 que ratificaron la prohibición constitucional, precisamente, sobre la reelección.
“A lo mejor están buscando amedrentar, pero eso es desconocer la naturaleza de la Iglesia. Más bien tenemos más fortaleza. No vamos a actuar nunca de forma arbitraria. El hecho de ser religioso no nos impide de prestar cualquier declaración. No gozamos, como falsamente se entiende, de ningún privilegio”. apuntó el domingo el arzobispo de La Paz, Percy Galván.
El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, señaló este lunes que todos los involucrados en los hechos de 2019 deben presentarse a declarar.
La autoridad fijó esta postura antes que conociera que esa instancia apunta a los obispos por su participación en la crisis política, aunque también menciona a las personas que pudieron haber recibido recursos del gobernador Luis Fernando Camacho, quien en 2019 era el presidente del Comité pro Santa Cruz.
//FUENTE: EL DEBER//
