En Chile comenzó a regir el miércoles el estado de excepción en cuatro provincias del norte del país, lo que supone la militarización de las fronteras, con el fin de controlar la inmigración tras las protestas de camioneros que bloquearon accesos a aeropuertos y puertos de la región la semana pasada.
El presidente Sebastián Piñera anunció el inicio del estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa, excluyendo las zonas urbanas de las ciudades de Arica y Calama, que estará vigente durante 15 días y podría ser prorrogado otros 15 más.
La medida se produce tras las fuertes protestas protagonizadas la semana pasada por el gremio de transportistas que bloqueó los accesos a las ciudades, los aeropuertos y los puertos de la zona tras la muerte de un camionero supuestamente a manos de tres inmigrantes. Los tres, uno de ellos menor de edad, quedaron en prisión preventiva por presunto homicidio calificado, informó la fiscalía regional de Antofagasta, donde ocurrió el suceso.
El norte tiene importancia estratégica puesto que allí se encuentran las principales mineras del país que producen grandes cantidades de cobre, del que Chile es uno de los principales exportadores del mundo.
El estado de excepción supone que las zonas pasen a estar bajo el mando de cuatros altos oficiales del ejército. Se desplegarán 672 efectivos en la zona para la protección de las fronteras, además de incrementar a 100 los efectivos de policía, señaló el presidente, que también apuntó a un mayor equipamiento y tecnología para el control fronterizo.
Miles se manifiestan contra inmigración irregular en Chile
El ejército y la policía chilena podrán “realizar patrullajes y controles conjuntos a pie y motorizados, establecer puestos de observación nuevos, desplegar aviones no tripulados, drones, disponer de helicópteros para la vigilancia y para el traslado”, además de las cámaras térmicas y de visión nocturna que ya se utilizan y equipos satelitales de comunicación, señaló Piñera.
Esto permitirá un mejor control de la migración irregular que, señaló el mandatario, “además de generar problemas humanitarios también genera problemas de seguridad, de delincuencia, de orden público y, además, muchas veces es utilizada por verdaderas bandas de crimen organizado para labores de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, contrabando de mercancías”.
El mandatario señaló, no obstante, que Chile siempre ha estado abierto “a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras, que declaran con veracidad sus propósitos, que vienen a iniciar una nueva vida, que vienen a integrarse a nuestra sociedad”.
En los últimos días ha entrado en vigor una nueva ley de migración -que sustituye a otra de los años 70- que permite devolver a los migrantes que llegan a la frontera y son interceptados sin papeles.
Chile tiene una porosa frontera norte compartida con Bolivia de casi 800 kilómetros y otros 300 con Perú, además de 150 pasos no habilitados.
Las regiones de Arica, Antofagasta y Taracapá, en el norte del país, vienen demandado desde hace varias semanas mayor seguridad y el fin de la inmigración irregular ante la llegada de cientos de personas cada día, lo que ha generado que las calles de las ciudades se encuentren llenas de campamentos improvisados donde los inmigrantes pasan el tiempo necesario hasta encontrar los medios para desplazarse a otras zonas del país.
Según cifras del Ministro del Interior, durante los primeros nueve meses de 2021 habían entrado a Chile por pasos irregulares del norte unas 25.000 personas. La mayoría eran familias venezolanas.
En Chile, según cifras oficiales, hay casi 1,5 millones de inmigrantes. De acuerdo con el Reporte Mundial de la Migración 2021 de la Organización Internacional de Migrantes de la ONU, Chile es el segundo país con mayor porcentaje de inmigrantes de la región.
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