LUIS ANTEZANA
El 10 de marzo de 1866, el presidente Mariano Melgarejo, (cuyo derrocamiento el 15 de enero de 1871 se celebra hoy) dictó un decreto contra los indígenas, cuyo primer artículo establecía: “Las tierras poseídas por la raza indígena y conocidas como el nombre de comunidades se declaran propiedad del Estado”.
Enseguida ordenaba que el indígena, pasados los sesenta días, que no hubiese abonado la suma de 23 a 100 pesos quedaba privado de la propiedad sobre su parcela, y que si no cumplía esas disposiciones sería privado del beneficio y su tierra se enajenará “en pública subasta”, determinación que encaminó a Bolivia por el sistema feudal, apenas conocido hasta entonces en nuestro país. De esa forma, la medida agraria de Melgarejo, al estatizar la tierra, “robaba la tierra del campesino y en seguida se la vendía al mismo campesino, cometiendo delito de estelionato”. Por si fuera poco, los recursos económicos recaudados pasaban a disposición del Estado que, manejado por Melgarejo, servían para satisfacer sus derroches. Agravando aún más ese verdadero robo a los indígenas, el sátrapa dispuso en adelante, que las tierras en poder de los favorecidos por el remate, fuesen trabajadas por sus nuevos propietarios por el sistema de colonato, anulando la creciente práctica de pago del trabajo con dinero.
Acto continuo a ese decreto, Melgarejo, de torpe lenguaje y mentalidad vacilante, promulgó, en septiembre de 1868, la ley reglamentaria de 15 de diciembre, violando flagrantemente los decretos agrarios de Simón Bolívar de 1825. Dicha ley dispuso en su artículo uno: “Las tierras poseídas. por la raza indígena y conocidas con el nombre de comunidades indígenas se declaran propiedad del Estado”.
Los remates de comunidades no se dejaron esperar. Pero, se caracterizaron por el dolo y el fraude. En efecto, los precios fueron arbitrariamente fijados bajo presión de grupos terroristas del gobierno. De otro lado, de las más de 350 comunidades rematadas, algunas fueron pasadas a funcionarios civiles y militares en pago de deudas por sueldos y salarios devengados o, finalmente, para cubrir los derroches y festines del cacique en el poder.
Esa política agraria causó la indignación de toda la población, pero, en especial, de los campesinos comunarios, que empezaron una serie de levantamientos en el área altiplánica de La Paz, que culminaron con las sublevaciones de Huaicho (Puerto Pérez), Achacachi, Tiquina y otros lugares. Para dominar esa grave situación, Melgarejo envió expediciones militares para aplastar a los sublevados y restaurar el orden para aplicar la venta de comunidades.
Las cinco grandes matanzas de indígenas, que protestaban contra la usurpación de tierras, fueron tenebrosas, pero la de Huaicho fue la que más problemas produjo al gobierno genocida, en especial una crisis con Perú, que estuvo a punto de derivar en un conflicto bélico.
En efecto, cuando la expedición militar melgarejista llegó a Huaicho y ejecutaba una matanza incalificable y despiadada de campesinos –que huían de la balacera de la infantería y de las lanzas de la caballería, por todos lados e inclusive se arrojaban a las aguas del lago Titicaca para salvar sus vidas–, la tropa desplegó una ofensiva final e inclusive se ensañó contra los indios que buscaron refugio en territorio peruano, confiando en que las tropas no se animarían a violar la frontera y continuar la matanza en territorio extranjero.
La masacre de indígenas bolivianos continuó, sin embargo, dentro del Estado peruano, pero, no solo contra los bolivianos, sino también contra los del país vecino. Fue tanta la ferocidad de la soldadesca de Melgarejo, que quemó casas, asesinó indígenas, apresó a agricultores peruanos, abusó a mujeres y terminó saqueando a la población del otro lado de la frontera boliviana.
La invasión extranjera causó la indignación general en Perú y no menos la del gobierno, que obligaron a exigir satisfacciones, diplomáticas, sí como indemnizaciones para las víctimas u otras. Sin embargo, el gobierno boliviano hizo oídos sordos y el mismo Melgarejo se burló de la reclamación de Lima, e inclusive ascendió de grado al general que había comandado las tropas genocidas e invadido territorio peruano. Este hecho aumentó la indignación en Perú que, por su parte, reaccionó con mayor energía y exigió, con nuevas amenazas, a que se cumplan estrictamente sus reclamos, entre ellos que el gobierno y ejército de Melgarejo desagravien al Estado peruano con un desfile militar a medio día, ante la bandera peruana frente a la sede de la Embajada de Lima en La Paz. El desfile militar de desagravio debía estar presidido por el mismo Melgarejo.
LUIS ANTEZANA ERGUETA
Escritor e Historiador
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