–

Al inicio de las actividades en la Cámara de Diputados se tiene prevista una agenda con el tratamiento de cuatro proyectos ley, en convenios de distintas áreas, para la aprobación de al menos 700 millones de dólares en créditos internacionales que se suman al endeudamiento del país.

Esta acción coincide con lo señalado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mediante una carta escrita en el penal de Chonchocoro y leída el sábado en un encuentro de la alianza Creemos.

“Estamos viviendo una fuerte crisis económica, pero el gobierno de Luis Arce le miente al país. No hay estabilidad económica, lo que hay es un gran endeudamiento. Este año en el Presupuesto General está contemplado que Bolivia se endeude por 2 mil millones de dólares más. Hoy Bolivia es uno de los países más endeudados de la región”, señaló Camacho.

Los créditos suman al menos 700 millones de dólares y son solicitados a instituciones internacionales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la cooperación española y francesa.

El proyecto 086/2022-2023 “aprueba el contrato de préstamo para financiar parcialmente el Programa de Gestión Integral del Agua en áreas urbanas, suscrito el 10 de junio de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de hasta 100.000.000 de dólares y el convenio de crédito para financiar parcialmente el Programa de Gestión Integral del Agua en áreas urbanas, suscrito el 29 de septiembre de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Instituto de Crédito Oficial, entidad pública empresarial del Reino de España, por un monto de hasta 30 millones de dólares”.

El proyecto 087/2022-2023 busca aprobar “el convenio de crédito para el Programa de Apoyo a la Reactivación Económica Sostenible y a la Resiliencia al Cambio Climático en Bolivia, suscrito el 11 de octubre de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia Francesa de Desarrollo, por un monto de hasta 200.000.000 de euros”.

El proyecto 088/2022-2023 que aprueba “el convenio de préstamo para el Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes, suscrito el 13 de octubre de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, por un monto de hasta 300.000.000 de dólares”.

Finalmente, se tiene en agenda el proyecto ley 150/2022-2023 que “aprueba el contrato de préstamo para el Programa de Infraestructura Aérea, etapa II, suscrito el 22 de noviembre de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta 600.200.000 dólares”.

El economista Hugo Balderrama ya había señalado que la gestión de Luis Arce se iba a caracterizar por el endeudamiento del país con grandes dosis de deuda interna y externa, para tratar de solventar la renta del gas que poco a poco deja de ser el principal ingreso de Bolivia.

En el primer semestre de la gestión 2022, el gobierno de Arce y la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó créditos por 896 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina – Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), como principales acreedores internacionales.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justificó entonces esos préstamos para “reponer los gastos” que implicó la política de atención a la pandemia de Covid-19, que entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021 requirió la erogación de $us 463 millones del Tesoro General de la Nación (TGN).

Uno de esos créditos fue promulgado por el Ejecutivo el 27 de junio como “Contrato de Préstamo BOL-35/2022, destinado a financiar el «Proyecto Censo de Población y Vivienda 2022», suscrito el 14 de abril de 2022, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y FONPLATA, por un monto de hasta 40.000.000 de dólares”.

La oposición cuestionó el destino de esos recursos, pues el censo fue reprogramado para marzo de 2024, tras un conflicto social, sobre todo en Santa Cruz, que derivó en 36 días de paro cívico, bloqueos, represión estatal y muertos.