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Periodistas bolivianos presentaron, el martes 3 de enero, una Acción de Libertad contra el ministro de gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, y contra el comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhonny Omar Chávez, con el objetivo de frenar las agresiones que sufren trabajadores de la prensa durante la cobertura de la represión contra manifestantes que desde el 28 de diciembre de 2022 protestan por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En representación del gremio, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, uno de los firmantes de la Acción de Libertad, explicó que se trata de un recurso legal extraordinario, contemplado en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que demanda una respuesta en el plazo de 24 horas, porque tiene como fin preservar la integridad física y la vida que se encuentran en peligro.
En declaraciones a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Méndez manifestó que “no queremos ver periodistas muertos, porque los comunicadores se han convertido en objetivo del accionar de la Policía durante los operativos tras la detención del gobernador. Queremos decirle a las autoridades que nadie tiene licencia para matar en Bolivia, más bien el artículo 15 de la Constitución señala que el Estado boliviano debe garantizar la vida e integridad física de los ciudadanos. El hecho de tener uniforme no les da derecho a matar. Ser elegido en un cargo tampoco les faculta para ordenar ejecuciones”.
La Acción de Libertad fue también firmada por el vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz Félix Oros; por el presidente de la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, Miguel Sorich por la asambleísta departamental por Santa Cruz Paola Aguirre, que también resultó herida durante las protestas iniciadas el pasado 28 de diciembre.
La asesora legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, explicó a la Unidad de Monitoreo de la ANP que se busca resguardar el derecho tutelar de la vida de los afectados por las recientes agresiones en los operativos policiales.
“Hay periodistas golpeados, agredidos por uniformados, que en vez de protegerlos se han convertido en agresores. Con este recurso legal se busca que las autoridades demandadas asuman su rol constitucional de resguardar la vida. El Tribunal de Acciones Constitucionales tiene 24 horas para responder y fijar audiencia para el ministro y el comandante policial”, indicó.
Pese a realizar la cobertura de los disturbios identificados con logotipos de sus respectivos medios de comunicación, cerca de una docena de trabajadores de la prensa han sufrido agresiones físicas desde el pasado 28 de diciembre.
Entre los casos más graves figuran el de Enrique Tarqui, firmante de la Acción de Libertad, a quien un policía le disparó el 30 de diciembre con una escopeta y le fueron retirados seis perdigones del abdomen.
Otro caso grave fue el de Miguel Ángel Rivero, asistente de prensa de la red televisiva Unitel, que el 1º de febrero sufrió golpes en la cabeza y el robo de un celular y un micrófono luego de ser derribado y golpeado por al menos cuatro policías.
Pese a estar identificados, con equipo de prensa como cámaras y micrófonos, se disparó desde una motocicleta en movimiento contra los reporteros.
//FUENTE: ANP – UNIDAD DE MONITOREO//
