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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que “no hay duda” que el Silala es un curso de agua internacional, que fluye desde Bolivia hacia Chile, y que, por tanto, el vecino país tiene derecho a un uso razonable y equitativo de las aguas.
“Las aguas del Silala, ya sean superficiales o subterráneas, constituyen un conjunto unitario que fluye desde Bolivia hacia Chile y hacia una desembocadura (…) No hay duda con respecto a que el Silala es un curso de agua internacional”, afirmó la juez Joan E. Donoghue.
La postura de la jurista fue establecida durante las conclusiones de la lectura del fallo emitido en el Palacio de La paz donde acudieron las comitivas de Bolivia como de Chile.
Según la juez Joan E. Donoghue, tanto Bolivia como Chile concordaron en que con arreglo al derecho consuetudinario internacional, tienen derecho a un uso razonable y equitativo de las aguas de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, por lo tanto, es un “recurso compartido”.
La CIJ indicó que Bolivia tiene el “derecho soberano” a mantener o desmantelar los canales artificiales en su territorio, y restablecer los humedales en su territorio de acuerdo con el derecho internacional.
“Bolivia tiene el derecho soberano de decidir qué es lo que sucede con las infraestructuras que están en su territorio en un futuro si habrá de mantenerlas o desmontarlas”, afirmó.
En la parte resolutiva del fallo, sobre las cinco conclusiones de la demanda de Chile, la CIJ afirmó que no tiene ningún objeto y que tampoco emitirá algún pronunciamiento al respecto.
Sobre las tres demandas reconvencionales de Bolivia, los jueces también declararon que no tiene objeto y que tampoco emitirá algún pronunciamiento.
Los antecedentes
El expresidente Evo Morales acusó a Chile de “robar” y “desviar” las aguas del Silala hacia su frontera, pero Chile contestó a eso con una demanda a Bolivia en 2016 ante la CIJ para evitar que La Paz impida el flujo de las aguas hacia su territorio, al argumentar que el Silala es un río internacional entre ambos países.
Bolivia reaccionó en 2018 con tres contrademandas al considerar que las aguas eran originalmente unos manantiales nacidos en su territorio, pero que fueron canalizadas “artificialmente” gracias a unas obras hechas en la década de 1920 por la empresa de ferrocarriles anglo-chilena Antofagasta-Bolivia Railway Company, en el departamento de Potosí.
Para La Paz, esos trabajos aumentaron el caudal del recurso hídrico hacia la frontera entre un 11% y un 33%, por lo que cree que Chile debería pagarle una “compensación” por el uso de ese flujo adicional.
Santiago había rechazado ese planteamiento al asegurar que, según sus cálculos, las obras aumentaron las aguas del Silala un 1% como máximo, por lo que la contrademanda de Bolivia “no tendría fundamento jurídico”.
El Silala nace en unos manantiales del Potosí en Bolivia y cruza la frontera hacia el desierto de Atacama, una de las regiones más áridas del planeta, hasta desembocar en otro cauce en Chile, pero su uso y estatus han erosionado las relaciones entre ambos en los últimos veinte años.
Su caudal es relativamente pequeño, pero su ubicación lo convierte en un recurso hídrico clave para el desarrollo de Antofagasta, la región minera por excelencia del mayor productor de cobre del mundo.
El caso Silala es el último de una larga lista de roces entre Bolivia y Chile, la mayoría de los cuales se remonta a la Guerra del Pacífico (1879-1884), cuando el país perdió su salida al mar y cedió a Chile parte del desierto de Atacama, lo que le supuso la pérdida de 400 kilómetros de costa, caso que también llegó a esta misma Corte de La Haya
//FUENTE: ERBOL / EFE//
