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Después de poco más de siete horas de sesión y cinco de argumentos de distintos diputados, finalmente a la 1:45 de este sábado la Ley del censo, en grande, fue sometida a votación secreta o escrutinio. Un total de 119 diputados, que se encontraban en sala (11 estaban con baja médica), emitieron su voto. Una hora más tarde comenzó el conteo de los votos.
El escrutinio, anunciado a las 3:00, dio como resultado: 93 votos a favor, 23 en contra, dos (2) blancos y uno (1) nulo.
Los ‘evistas’ fueron los primeros en tomar la palabra para dar a conocer que se oponían al proyecto de ley. Expusieron que supuestamente existe una alianza entre Creemos, Comunidad Ciudadana y los ‘renovadores’ del MAS, a quienes el diputado Ramiro Venegas describió como “traidores y vendepatrias”.
Luego de largos discursos, cada quién satanizando o alabando el paro en Santa Cruz, según cada frente, se aprobó la ley, por la que la capital oriental se encamina al día 36 de paro indefinido, pues aún el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo todavía no ha definido si se levanta o no, pues todavía falta el tratamiento de la ley en Senadores.
Para varios parlamentarios era innecesaria la ley en cuestión porque en la Constitución Política del Estado (CPE) ya está contemplado el objetivo de la nueva norma.
En su Artículo Único la ley establece:
“I. En base a los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda, que emita el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024″.
II. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda, conforme a la fecha del parágrafo precedente, para que se elabore el Proyecto de Ley de distribución de escaños, conforme al Artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Los diputados oficialistas aprovecharon el uso de la palabra para pedir cárcel para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, a quien culpan de pérdidas económicas, pasando por violencia, hasta muertes, durante el paro cívico iniciado el 22 de octubre y que sigue en pie.
Algunos parlamentarios también incluyeron en esas acusaciones a Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, y a Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm y cabeza del Comité Interinstitucional.
Al menos tres diputados abiertamente reconocieron que no querían aprobar la ley porque sabían que ello traería como consecuencia menos escaños parlamentarios y menos recursos para sus regiones. Sin embargo, reconocieron que estos lugares han reducido su población, debido a la falta de empleo o de oportunidades para su desarrollo económico.
Las parlamentarias cruceñas María René Álvarez, Verónica Aguilera y Luisa Náyar valoraron el esfuerzo de las personas que acatan el paro en el departamento y denunciaron abusos de la Policía hacia los ciudadanos en estos 35 días.
Náyar pidió que se modificara el proyecto, para incluir que la nueva distribución de los recursos económicos se realice desde septiembre de 2024, y que los resultados del censo 2024 se apliquen en las elecciones nacionales de 2025.
Aguilera además hizo un recuento de las veces en las que el Gobierno afirmó y garantizó que el censo se realizaría el 16 de noviembre de 2022, luego siguió exponiendo los cambios posteriores, que dieron como nueva fecha, primero junio de 2024, y finalmente el 23 de marzo de 2024.
El discurso campo versus ciudad fue ampliamente usado por los diputados masistas dentro de sus alocuciones, lo mismo que el antagonismo entre ricos y pobres; “estudiados” con títulos académicos y “no estudiados”.
La pacificación del país y la reactivación económica fueron los argumentos más frecuentes de quienes dijeron estar a favor de la aprobación de la ley.
//FUENTE: EL DEBER//
