ANDRÉS GÓMEZ
Mario Rocabado contó cómo se salvó de milagro de ser asesinado la madrugada del miércoles 2 de noviembre en La Guardia por una turba que apoyaba el cerco a Santa Cruz con respaldo de policías. “Levanté las manos, les dije que soy de la prensa y me dijeron que no les importaba. Me quitaron el micrófono, me tumbaron abajo y empezaron a patearme, a lanzarme piedras y palos”, narró.
No es un hecho aislado. Es sistemático. Comenzó hace 14 años con la descalificación promovida por actores estatales (Presidente, vicepresidente, ministros). El desprestigio tuvo/tiene un objetivo en la lógica de guerra (amigo – enemigo): señalar a los periodistas como enemigos de un gobierno, de una clase social, de una etnia o de un grupo corporativo.
Luego, viene el segundo paso de la retórica violenta: si son enemigos, hay que golpearlos. ¿Dónde golpear a los enemigos? En los escenarios de conflicto, como sucedió este viernes en Santa Cruz, donde personas identificadas con el Movimiento Al Socialismo insultaron a los periodistas Guíder Arancibia (El Deber) y Silvia Gómez (Unitel), y golpearon a Yerko Guevara (Unitel), a quien, según imágenes, una mujer lo cubrió con su cuerpo para salvarlo.
¿Por qué los actores estatales usan a grupos de choque? Porque una acción frontal terminaría de probar que es un gobierno autoritario. La acción indirecta deja un resquicio discursivo: fue “el pueblo”, no el gobierno. De ese modo, esconden a los autores intelectuales de la violencia que están en el gobierno.
¿No están en el gobierno los autores intelectuales de la violencia ejercida contra los periodistas? Si fuera así, ¿por qué no hay ni una sola condena de actores gubernamentales contra los autores materiales? Es más, ¿por qué no hay un solo sentenciado, por ejemplo, por el secuestro de periodistas cometido en Las Londras por un grupo irregular armado, en octubre del año pasado?
Dicho de otro modo, las autoridades que dirigen el Estado Plurinacional además de fomentar la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión de los periodistas, violan el derecho de acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares.
Al negar justicia a las víctimas, el gobierno de Arce está garantizando impunidad a los autores materiales, y la impunidad se convierte en una invitación abierta a sus seguidores y a otros a continuar golpeando a los periodistas porque, como ven, no les pasará nada. Es más, serán premiados.
Sin garantías, pero con la impunidad garantizada, el gobierno habrá logrado su propósito de silenciar a los periodistas, pues generará autocensura y un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Funciona la democracia con periodistas silenciados y amenazados?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.
Justamente para prevenir coacciones: la Constitución protege la labor de los periodistas en los artículos 106, 107 y 130.II. El artículo 106.III dice: “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.
Dados los hechos relatados, el gobierno de Arce pasó de garante a encubridor de violadores de derechos humanos, sino es autor intelectual de acciones violentas contra los periodistas.
En democracia, es esencial el trabajo de los periodistas para que respire la sociedad abierta. ¿Cómo? A través del intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información en los medios de comunicación social. Pues, al silenciar a un periodista no sólo se atenta contra le libertad de expresión individual, sino colectiva, porque se priva a la sociedad de informaciones producidas e ideas difundidas por aquel.
Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide a los funcionarios públicos abstenerse de realizar declaraciones que expongan a periodistas a un mayor riesgo de actos de violencia.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH recuerda, entre otras cosas, que “una medida de protección simple, pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
¿Reconocerá Arce la labor de la prensa que informa sobre sus incoherencias y mentiras respecto al censo (Página Siete, #TinkuVerbal 30/10/2022)? Dudo. Es probable que siga la violencia y la impunidad, pese a que el Estado tiene el deber de investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los autores de estos delitos, incluidos los autores materiales, intelectuales, partícipes, colaboradores y los eventuales encubridores.
ANDRÉS GÓMEZ VELA
Periodista y Abogado
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
