.
Hace un año 17 personas (seis periodistas, cuatro policías y siete civiles) fueron privados de su libertad por más de siete horas, por un grupo armado que se había asentado en la propiedad privada denominada Las Londas, del municipio de El Puente, en la provincia Guarayos. Ahora, esas víctimas dicen estar desprotegidas y ante la retardación de la justicia han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, explica que aún no se puede recurrir de manera directa con una denuncia ante la CIDH porque no se agotaron todos los procesos internos con la justicia boliviana, por lo que señala que lo que se hizo fue enviar una carta a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que es una oficina de ese órgano de la Organización de los Estados Americanos, para hacer conocer sobre la vulneración de los derechos de las víctimas.
“En la carta denunciamos la retardación de justicia que existe en nuestro país, pues ya son 15 audiencias que se han suspendido por diferentes motivos, pero con una sola finalidad: la de beneficiar a los cinco acusados en este proceso. Además, hacemos conocer que los afectados están desprotegidos y esperamos que la CIDH se pronuncie sobre este secuestro y que pida al Estado boliviano celeridad en las investigaciones”, indicó en contacto telefónico con EL DEBER.
Además, Méndez hizo énfasis en el libro “Periodismo vs. terramafia” que escribió con ayuda de otros periodistas y estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), en el que relata las torturas a las que fueron sometidos los periodistas, policías y civiles por un centenar de presuntos campesinos, el 28 de octubre de 2021 en Las Londras.
“Este libro ya ha sido entregado a varias organizaciones internacionales y a expresidentes de la región de Sudamérica, como Pepe Mujica, para que conozcan los vejámenes a los que fueron sometidos los periodistas y que hasta la fecha no se les ha hecho justicia, porque, al parecer, existe parcialidad hacia los grupos armados que operan en Las Londras”, cuestionó.
Por este caso cinco personas están siendo procesadas penalmente por la Fiscalía, acusados de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego y amenazas.
Sin embargo, solo hay una persona detenida en el penal Palmasola, quien es Nelson Rebadeneira Escalante. Mientras que Paulino Camacho Vedia y Hebert Sixto Canaza Sacaca lograron salir de la cárcel con detención domiciliaria, otorgada por el juez de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado. Mientras que los otros dos procesados son: Martín Tejerina Viillalobos y Nicolás Ramírez Taboada, quienes continúan prófugos y con mandamiento de aprehensión.
La abogada de los periodistas, Raquel Guerrero, lamentó la retardación de justicia que existe en este proceso, pues señala que son 15 audiencias las que se han suspendido hasta la fecha y responsabiliza al juez Roberto Cruz y a la Sala Penal Tercera de estos aplazamientos.
“En marzo solicitamos al juez del control jurisdiccional que se declare en rebeldía a Martín Tejerina y Nicolás Ramírez, pero hasta la fecha eso no ha sucedido porque ha suspendido las audiencias. Mientras que las acciones de libertad contra Paulino Camacho y Hebert Sixto tampoco se han desarrollado y por eso continúan en libertad”, lamentó la jurista en contacto con EL DEBER.
Guerrero cuestiona que Paulino Camacho, considerado por la Policía como el más peligroso de los encapuchados armados, y Hebert Sixto, quien encabezó este secuestro, aún continúen libres pese a que fueron denunciados por liderar otra toma violenta a las cinco comunidades de la central Pailitas, colindadante a los terrenos de Las Londras, el pasado 24 de julio.
“Los testigos han manifestado ante un notario público que fueron esas dos personas las que lideraron otra toma violenta con el mismo modo que operaron en Las Londras. Pero lo más alarmante es que Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramirez Taboada, que tienen órdenes de capturas, dieron una conferencia por la toma en Pailitas y pidieron al Gobierno que pare la persecución contra los interculturales y que se retire la publicación del libro Periodismo vs. terramafia”, señaló.
El proceso investigativo también se ralentizó debido a que apartaron a dos fiscales de la comisión que investigaba el secuestro de las 17 personas y solo quedó al mando el fiscal Wálter Cisneros, con asiento en Guarayos. Además de que los policías asignados al caso fueron cambiados a pedido de los interculturales que iban ser citados en calidad de testigos en este caso.
La abogada de los periodistas también lamenta que hasta la fecha se desconoce los resultados de cuatro pericias realizadas por Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), entre ellas la balística que se desarrolló durante la inspección ocular a Las Londras.
Asimismo, se queja porque el Instituto de Investigación Forense (IDIF), dependiente de la Fiscalía, se niega a realizar una valoración sicológica a los seis periodistas secuestrados con el argumento de estas evaluaciones solo se la hacen a víctimas de casos que atiende la Felcv y no a los de Felcc.
// FUENTE: EL DEBER//
