El Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) anunció que entregará al partido Comunes un anticipo de 9621 millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares) para financiar su campaña de cara a las elecciones del Senado el próximo 13 de marzo. La medida está estipulada en la legislación del país para partidos con personería jurídica ante el órgano electoral. Esta no es la primera vez que ocurre, en 2017 se hizo un aviso similar que llegó de la mano de otras dádivas. Todo enmarcado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 en La Habana.
Ahora bien, entregar tal cantidad de fondos al partido Comunes, célula política que es sus filas mantiene integrantes que pertenecieron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), genera críticas fundamentadas. El otrora grupo terrorista dejó y sigue dejando una profunda cicatriz en la sociedad, producto del conflicto armado y con «disidencias» aún activas. Fueron 265.505 víctimas fatales entre los años 1958 y 2020, además de 357.108 hechos violentos según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) que se presentaron hace dos años.
Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 se registraron 4513 muertes. No son cuentas que se saldan ni se olvidan de un día para otro. De ahí el rechazo sostenido al financiamiento, sacado de los bolsillos de los colombianos, de un partido que como han citado expertos «siguen siendo los mismos criminales».
Concesiones van y vienen
La senadora María Fernanda Cabal expresó su molestia, recordando que las FARC no han pagado por su actividad terrorista y que «solo han entregado 44000 millones de pesos, para reparar a las víctimas».
En entrevista con PanAm Post, Restrepo recordó los «más de 1300 empleos» para exguerrilleros de las FARC en la Unidad Nacional de Protección (UNP). «Reciben y exigen pero no dan nada. Cuando se les pidió reparar a las víctimas, entregaron cirugía de pelvis en parte de pago. Eso es vergonzoso. No han reparado a las víctimas que durante más de 60 años tuvieron en todo el territorio nacional».
«Tampoco podemos perder de vista que lo que hizo las FARC fue empezar a hacer política, pero además mantuvo al grupo armado al margen de la ley. Ese grupo de guerrilleros todavía está azotando los campos y sigue reclutando en las ciudades ¿A qué estamos jugando, a entregarles el campo colombiano y el Estado?»
La congresista no está equivocada. Las FARC junto al ELN siguen en una guerra encarnizada en la frontera con Venezuela. Allí reclutan niños de las comunidades cercanas, según el relato de los habitantes. Es por ello que Restrepo reiteró su disconformidad con estos acuerdos: «Seguimos fortaleciendo un grupo criminal, reclutador, narcotraficante, terrorista».
Contienda electoral poco igualitaria
En días recientes la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un informe sobre los mayores riesgos para las elecciones de 2022. En el documento se señalan 131 municipios en los que confluyen tanto los riesgos indicativos de fraude electoral como factores de violencia (como desplazamiento forzado y las economías ilegales). Del total de municipios en riesgo, 49 se encuentran en peligro extremo, 65 en nivel alto y 17 en término medio.
Una forma de resarcir a las víctimas mediante al Acuerdo de 2016 fue la asignación de 16 «curules de paz» o Circunscripciones Transitorias Especial de Paz (CITREP) en la Cámara de Representantes, oficializados en agosto del año pasado. Los candidatos de zona afectadas por el conflicto solo pueden postularse por medio de organizaciones de víctimas, campesinos o sociales, incluyendo mujeres y grupos significativos de ciudadanos.
Pero acá surge una desventaja, y es que se exigen condiciones difíciles de cumplir para quienes que carecen del alcance de partidos políticos como Comunes. La lucha no luce tan igualitaria después de todo. No solo se pide una cuenta bancaria destinada a la campaña, sino también una póliza donde se plasmen propiedades que respalden el dinero que se recibirá. La MOE alertaba hace pocos días que estos anticipos no habían sido entregados. Su directora, Alejandra Barrios ofreció el siguiente argumento a PanAm Post:
«Si estamos hablando de candidatos cuya condición es ser víctimas, que han salido desplazadas o con familiares secuestrados y asesinados, estos tienen que hacer campaña electoral precisamente en zonas rurales. El no tener anticipos a tiempo, y ya estamos a 30 días de las elecciones, indiscutiblemente los pone en una posición de desventaja». Indicó que el dinero está aprobado, pero aún está el reto de presentar las pólizas.
//FUENTE: PANAM POST//
