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Periodistas de todos los departamentos del país enviaron una carta abierta al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, exigiendo la suspensión de los procesos penales que se instauraron contra seis periodistas y comentaristas que trabajaron en la red BTV durante el gobierno que encabezó la expresidenta Jeanine Añez.
Dos fiscales acusaron penalmente por errores administrativos a los periodistas y comentaristas Andrés Rojas, Gonzalo Rivera, Shirley Gutiérrez, Adriana Gutiérrez, Pablo Llano y Diego Ayo y exigen entre cuatro y 10 años de cárcel.
La carta, suscrita por los presidentes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y de las asociaciones de periodistas de los nueve departamentos del país hace un repaso de los derechos de los periodistas que las acusaciones de los fiscales han violado.
El texto le recuerda a Lanchipa que la Corte IDH (en la Opinión Consultiva OC-5/85) establece que el periodismo es una manifestación “primaria y principal” de la libertad de expresión y, por esta razón, “no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público”.
En ese sentido, las asociaciones de periodistas agregan que “los fiscales José Alberto Rodríguez y Junior Flores penalizan el periodismo y a los periodistas porque sus imputaciones usan como excusa supuestos errores administrativos para castigar penalmente a personas que ejercieron/ejercen su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la información en un medio estatal”.
Por ello, agregan, los dos fiscales “incumplen su función de promover justicia porque persiguen a las personas mencionadas líneas arriba por sus opiniones (contrarias a un determinado régimen) más que por sus acciones. Ignoran que el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige en su párrafo 1 que el Estado proteja el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones”.
Los firmantes añaden que “si la intención no fuera castigar el pensamiento de los periodistas más que las acciones, la Fiscalía habría rechazado la denuncia penal para que los denunciados se defiendan en el área administrativa”.
Los firmantes concluyen su misiva señalando que “con todo lo anotado”, se le demanda al fiscal Lanchipa que “dé las ordenes necesarias para suspender (los) procesos penales”.
Suscriben la misiva los presidentes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y de las asociaciones de periodistas de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando.
//FUENTE: ANF//
