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El exdueño del local nocturno Katanas, Marco Cámara, fue sentenciado a 15 años por el delito de trata y tráfico de personas. Dentro de las investigaciones surgió el nombre de Nemecia Achacollo como la persona que supuestamente pagaba a dos policías por los servicios sexuales para funcionarios de Diputados y el Senado.
La abogada Paola Barriga reveló que dos policías que trabajaban para Cámara y que administraban uno de los cinco lenocinios que el sujeto tenía en La Paz y Santa Cruz, señalaron “con nombre y apellido” que ellos cobraban a la exministra de Desarrollo Rural del gobierno de Evo Morales, por esta actividad.
“Tenemos la declaración pública de dos funcionarios policiales ante el Tribunal. Marco Cámara tenía credenciales de las cámaras de Diputados y Senadores”, dijo Barriga al programa AM de Fides.
Según la abogada representante de las víctimas de trata y proxenetismo, esa sindicación no se reveló para no politizar el caso, pero espera que a partir de la sentencia contra Cámara y otras siete personas, se pueda investigar esa denuncia.
Achacollo fue procesada por el millonario desfalco al Fondo Indígena, pasó más de un año en detención preventiva y en 2020 obtuvo arresto domiciliario en su residencia en Santa Cruz. Recientemente fue vista en la zona de Villa Fátima, en pleno conflicto de Adepcoca, comprando una bolsa de coca en su vagoneta particular.
Decenas de credenciales y pases a la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron encontrados en las requisas a los locales, además de celulares y carpetas originales de Migración que formaron parte de las pruebas dentro del juicio.
Katanas fue un local nocturno que ofrecía servicios sexuales con jóvenes mujeres que eran traídas desde Paraguay, Brasil, Venezuela y Cuba. Cámara tenía otros dos locales similares en el centro y la zona de Llojeta, además de dos clubes nocturnos en Santa Cruz, donde delegó su administración a tres miembros de la Policía, dos de ellos sentenciados mediante proceso abreviado.
También fueron sentenciados a diez años dos exfuncionarios municipales, Miguel Ángel Nina, chofer de la Guardia Edil y Jaime Mendoza que incluso llegó a ser administrador del local, quienes actuaban como “campanas” para alertar sobre las inspecciones que la Alcaldía realizaba a esos centros nocturnos.
“Cuando daban las alertas, las chicas eran amenazadas y ocultadas en esas paredes falsas que tenían en Katanas”, agregó Barriga.
Los funcionarios trabajaron durante la gestión de Luis Revilla, quien también fue señalado en las declaraciones como una autoridad que “visitaba la casa de Cámara”.
Barriga destacó que durante un año, el local ubicado al inicio del Puente de Las Américas operó sin licencia de funcionamiento y pese a las reiteradas clausuras por parte del Municipio, siempre volvía a abrir sus puertas.
Noemí Cámara, hija del dueño de estos locales fue quien denunció estas actividades ilícitas hace seis años. Posteriormente, la investigación apuntó a una red de trata de personas y proxenetismo, que incluyó a la esposa y a la hermana del propietario, quienes no fueron incluidas en la sentencia.
La denuncia fue acompañada por testimonios de varias mujeres, incluso algunas que comenzaron esa actividad a la edad de 17 y 18 años. Violaciones, abusos sexuales, amenazas, cobros y retención de documentos, fueron los mayores delitos señalados.
Katanas fue demolido en 2016 y actualmente su terreno, en la calle Capitán Ravelo, quedó a tuición de Noemí Cámara, aunque su padre, al asumir defensa, denunció que todo el caso fue “armado” para despojarlo de esa propiedad.
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