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El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho -junto a los secretarios de Medio Ambiente y de Seguridad Ciudadana y diputados nacionales- hizo un recorrido con los caciques, de varias comunidades de San Ignacio de Velasco, por las áreas avasalladas dentro de la reserva natural del Bajo Paraguá.
Los comunarios agradecieron la presencia del gobernador en la zona para comprobar el daño medioambiental causado por los avasalladores, a tiempo de reclamar por la falta de acción del alcalde de San Ignacio de Velasco para frenar esta actividad ilegal, pese a varias solicitudes.
Los caciques, como Hortencia Gómez, informaron que son más de 200 las hectáreas deforestadas y que se han abierto unas siete brechas, destruyendo así la flora y fauna.
Gómez explicó que el área dañada de acuerdo con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), normativas municipales y el decreto de plan de manejo, dentro de la Tierra Comunitaria de Origen, no es apta para asentamiento humano.
Sobre el tema, Camacho destacó el trabajo coordinado en este tema con la diputada María René Álvarez y otras autoridades locales y manifestó la preocupación en la forma en que están avasallando Santa Cruz, afectando las áreas protegidas y a la vez provocando incendios.
“Esto es lamentable porque están con maquinaria pesada. Tienen todas las posibilidades para hacer lo ilegal”, precisó Camacho a tiempo de indicar que se iniciarán las respectivas medidas contra estos delitos medioambientales.
La autoridad recordó que la Gobernación, velando por las áreas protegidas y contra los avasallamientos, desde el año pasado convocó a la reunión de la Comisión Agraria Departamental, pero por ausencia del INRA no se pudo lograr.
También observó que, al ser esta un área municipal, el alcalde no tome cartas en el asunto, y que no haya estado presente en esta inspección con autoridades locales y nacionales, a la cual fue invitado oficialmente.
Jhonny Rojas, secretario de Medio Ambiente de la Gobernación cruceña, informó que mediante sus respectivas direcciones se han denunciado estos avasallamientos ante las autoridades nacionales competentes, como la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), el INRA y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que son las encargadas de proteger las áreas protegidas. Lamentó que no tuvieron ninguna respuesta hasta el momento, situación que se repite con los incendios en el departamento.
//FUENTE: EL DEBER//
