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La senadora masista y exministra de Justicia de Evo Morales, Virginia Velasco, presentó un proyecto de ley que crea al “auditor gubernamental” con atribuciones para exigir información a empresas privadas, asociaciones y cooperativas.
El proyecto sobre Supervisión y Acceso a Información en el Ejercicio del Control Gubernamental, le da mayores atribuciones de fiscalización al Ejecutivo y a la Contraloría General del Estado, según reportó este domingo el matutino Página Siete.
“Dentro del ejercicio de la Supervisión, la Contraloría General del Estado, por intermedio del auditor gubernamental, tendrá acceso a toda la documentación e información del sector público, a través de las entidades públicas y empresas públicas, cualquiera sea su naturaleza, así como también el acceso al sector privado comercial, incluyendo también cooperativas, asociaciones u otras de cualquier tipología sin excepción, que se encuentren ejecutando actividades, operaciones y/o resultados ya ejecutados”, se lee en el artículo 4.
La propuesta señala que las personas que no atiendan de manera favorable los requerimientos del “auditor gubernamental”, serán procesadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad.
El proyecto incluye una cláusula que dispone la posibilidad de realizar allanamientos e incautaciones para obtener información.
“Una vez autorizada la orden de allanamiento, previo requerimiento formal, ésta podrá ejecutarse a la entidad pública o institución privada en su domicilio legal, a objeto de verificar la existencia de la documentación e información que fue solicitada por el auditor gubernamental y se procederá a su incautación única y exclusivamente cuando ésta sea útil para la investigación”, especifica el artículo 6.
El proyecto dispone que la información incautada será devuelta cuando sea registrada por la CGE.
ANALISTAS ADVIERTEN RIESGOS
Sandra Verduguez, vocera de Observación Ciudadana de la Democracia, sostuvo que si el proyecto se sanciona sería “muy peligroso”, porque un “auditor gubernamental” tendría “mucho poder”. Agregó que incluso hay el riesgo de que se vulneren derechos humanos, porque este funcionario podrá realizar allanamientos e incautaciones para obtener información.
El politólogo José Orlando Peralta señaló que la propuesta fija una fiscalización a empresas, asociaciones y cooperativas, y que puede ser usada para controlar y hasta perseguir a entidades que el Gobierno considere peligrosas como el Comité Pro Santa Cruz u otro ente que considere que financian actividades políticas que vayan en contra del oficialismo.
Gonzalo Hidalgo, abogado constitucionalista, evidenció que el proyecto de ley tiene tres aspectos que no son legales. Primero, la propuesta se deslinda de la Constitución, al dar mayores atribuciones a la Contraloría; segundo, no respeta el debido proceso; y tercero, tampoco se cumple con la presunción de inocencia.
//FUENTE: PÁGINA SIETE/ V21//
