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Un miembro del pueblo ayoreo transgrede una norma y se castiga a toda la comunidad. Algo así sucedió hace una semana cuando policías, dirigentes cívicos y civiles irrumpieron en la vivienda colectiva ayorea en San José de Chiquitos, destrozaron sus enseres y causaron el desbande de familias que tuvieron que huir para resguardar sus vidas.
“Se asustaron las señoras, los niños; han ido más allá, a Taperas, para quedarse unos cuantos días. Se fueron a Taperas, (no sabemos) cómo ayudarles a conseguir nuevo techo, han quemado una casita”, dice Manuel Chiqueno, exdirigente de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob).
Taperas está ubicada a unos 30 kilómetros de San José de Chiquitos. ¿Qué pasa con la escuela para los niños?, ¿dónde están alojadas esas familias en Taperas?, ¿cómo van a resolver su sobrevivencia al verse en otro lugar de la noche a la mañana? Brayan Tintaya, representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, deriva a un funcionario en San José y éste no contesta.
Las casas de las familias ayoreas están compuestas por una o dos habitaciones construidas con palos y barro. No tienen tejas prefabricadas sino techos de calamina o palmera.
El episodio aún es confuso. El 26 de agosto, un video en redes sociales se difunde con el relato de que “los ayoreos saquean” en “locales comerciales” en la ciudad. Se habla en plural.
La asambleísta Gigliana Etacore, miembro del pueblo ayoreo, explica la versión que recogió: un comunario compró cerveza a un hombre que tenía la mercadería en un minibús; cuando fue a recogerla, el vendedor no se la entregó. El comprador reclamó, fue golpeado y resultó con una herida en la cabeza. Volvió a su comunidad a contar el hecho y varias personas, muchas mujeres, salieron a reclamar por él.
“El chofer del trufi entra a la tienda. Para rescatar más de 400 bolivianos, se alzan las cosas de la tienda pensando que eran el dueño”, dice Etacore. El video muestra a dos mujeres levantando cerveza y algunos víveres expuestos a la venta. Cuando la Policía acude, un grupo de jóvenes les lanzan palos y piedras.
Aunque la Constitución dispone que el domicilio es inviolable, el hecho siguiente fue que agentes antimotines de la Policía, dirigentes cívicos, mototaxistas, comerciantes y civiles ingresaron en la comunidad ayorea urbana, ubicada en el barrio San Antonio, a gritos y con violencia, para recuperar ocho paquetes de latas de cerveza y una garrafa.
Un video muestra también que se llevan una motocicleta, aunque una mujer se aferra a ella gritando y su hijo llora e intenta ayudarla, mientras el dirigente del Comité Cívico de San José de Chiquitos, Darling Méndez, apura el secuestro del vehículo con un ademán. Un policía dice que se llevaron cuatro motos para que la gente vaya a reconocerlas por si fueran robadas.
Los policías y los civiles, algunos con cascos de motociclistas, se llevan presos a varios comunarios mientras los golpean.
En el allanamiento destrozaron una vivienda y confiscaron siete “armas blancas”, entre un palo delgado y cuchillos que las mujeres utilizan para raspar hojas de garabatá para obtener fibra y tejer bolsos. Cuatro hombres fueron arrestados y trasladados hasta Santa Cruz de la Sierra, donde fueron sometidos ante un juez y enviados a la cárcel de Palmasola imputados por el delito de “robo agravado”.
“La audiencia fue en la Felcc, yo estuve ahí, quise entrar para escuchar y ver cómo estaban juzgando a los hermanos. No me han dejado entrar, llamé al fiscal, no me contestó, tampoco los policías que estaban ahí”, dice la asambleísta Etacore.
La reacción de los comerciantes y de la Policía fue desproporcionada, a juicio de la asambleísta. Para agravar la situación, el dirigente cívico Darling Méndez incitó a la gente a salir a “defender a la Policía” e hizo un llamado al Ejército.
“Quiero hacer un llamado a toda la población, de que salgamos de nuestras casas y vengamos a resguardar a nuestra Policía. Todos estamos en peligro… Hago un llamado al Ejército que salga a resguardar nuestra Policía, nuestras casas. Le hago un llamado al coronel del Ejército, tome cartas en el asunto”, dijo Méndez ya en la noche.
Para Manuel Chiqueno, expresidente de la Canob, “fue lamentable el atropello a la comunidad…, entraron a las casas, han tumbado los techos de algunas casitas de barro”.
Etacore y Chiqueno coinciden, por separado, en que el supuesto robo debió ser procesado por la Policía como cualquier hecho delictivo, sin necesidad de irrumpir en la comunidad.
“Los que han entrado al almacén no eran todos. De verdad, han mostrado una imagen de video, pero no son ellos (los) que han actuado, han agarrado a inocentes… Hago entender a las autoridades de San José de Chiquitos que el hecho no fue de la comunidad, violaron la justicia indígena, porque entraron con la fuerza”, dice Chiqueno, cuyo idioma materno es el zamuco.
Para Etacore, “es lamentable que autoridades de los cojnoñe (los no ayoreos), que saben de leyes y procedimientos, tomen acciones por su propia mano”.
Compromiso y “autocontrol”
Otro episodio similar vivieron las familias ayoreas a mediados de enero de este año en la Villa Primero de Mayo en la capital cruceña. Tres jóvenes extorsionaban a mototaxistas y taxistas, pidiéndoles dinero para circular por una avenida. La reacción fue el levantamiento del gremio y de los vecinos que comenzaron a pedir la reubicación de la comunidad urbana Degüi.
Eso no significaba otra cosa que la expulsión del asentamiento que data de los años 80, y está compuesto por unas 460 personas, con un promedio de cuatro por familia, según informe de la Defensoría del Pueblo.
El 18 de enero, en reunión entre dirigentes vecinales de la Villa y representantes de Degüi, el comandante de la EPI-5, Jorge Espejo, anunció que la comunidad ayorea “se compromete a que no va a volver a ocurrir este tipo de situaciones” y “entregó” a un joven para que sea procesado. Se habló del “autocontrol… para controlar y castigar a los hermanos ayoreos”.
La abogada Carmen Sanabria, especialista en pluralismo jurídico, explica que estos problemas de seguridad ciudadana no pueden verse separados del contexto económico, social y cultural del pueblo ayoreo; es decir de “exclusión, discriminación y desventaja social absoluta” que atraviesan como colectivo.
Y en todos estos casos se criminaliza a un pueblo, a pesar de que “son personas con un accionar individual las que debieran ser consideradas como transgresoras o denunciadas por conductas que están calificadas como delictivas”, dice Sanabria.
Hacia el asfalto
Las familias del pueblo ayoreo han comenzado a salir, hace algunos años, hacia la capital cruceña o las ciudades intermedias para asentarse en zonas periféricas. La comunidad urbana está formada por varias familias que tienen sus viviendas en un terreno colectivo.
Sanabria explica que son comunidades-territorio con todos los derechos de un pueblo indígena, incluido el ejercicio de su sistema de justicia y el reconocimiento a sus autoridades.
En su oficina de la Gobernación de Santa Cruz, rodeada de artesanías, la asambleísta Gigliana Etacore, de 26 años, cuenta que nació en la TCO Rincón del Tigre, pero emigró a la ciudad al terminar el ciclo escolar.
“Muchos de nosotros salimos (de la TCO) por necesidad. Mi papá, por falta de agua potable, se ha enfermado, es discapacitado renal porque en Rincón del Tigre toman agua que hace daño, es de pozo, salada. No queda otra, muchos han fallecido por eso”, dice Etacore.
A la falta de agua segura se añade la carencia de servicios básicos, asistencia en salud, educación superior, acceso a transportes y fuentes de ingreso.
Las ciudades tienen esos servicios o por lo menos la posibilidad de acceder a ellos, pero para lograrlo se necesita dinero. Y en esto los miembros del pueblo ayoreo están en desventaja por su precariedad laboral y de sobrevivencia.
La abogada Sanabria relata que cuando se trata de derechos vulnerados a algún miembro de la comunidad ayorea no funcionan los mecanismos de la justicia ordinaria; por ejemplo, en casos de derechos laborales, violencia contra las mujeres e incluso cuando son “contratados” para actos reñidos con la ley, como formar “grupos de choque para tomar predios urbanos”.
“La justicia parece actuar más prontamente cuando los ayoreos o ayoreas son denunciados por delitos de robo, de hurto o de acciones irregulares. Todavía en la jurisdicción ordinaria no existe verdadera práctica de justicia plural”, sostiene.
A ello se suma la carga subjetiva contra ellos. Etacore dice que “una persona indígena cuando sale de su comunidad se choca con personas que la discriminan, la ven como desconocida”.
La discriminación también es estructural. El informe citado de la Defensoría relata que, entre otras cosas, los ayoreos de las comunidades Degüi, en Villa Primero de Mayo, y Garay, en la Pampa de la Isla, “viven en condiciones de hacinamiento, en terrenos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, pero que no garantizan un acceso digno, debido a que las condiciones de pobreza no les permiten contar con servicios básicos, utilizando ambientes multifuncionales para todas las familias, con un denominador común de descuido, pobreza y lugares insalubres”.
Hay coincidencia en que las conductas que van contra la ley se deben sancionar, pero son tímidas las acciones para prevenir que esas conductas “cojñone” de la ciudad hagan carne en la nueva generación. “Yo me sorprendo porque deberían los bolivianos cuidar al pueblo ayoreo. Está desapareciendo, el pueblo ayoreo es un tesoro de los bolivianos”, dice Etacore.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
