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Un hombre de 27 años fue brutalmente golpeado por dos personas. La golpiza fue frenada por un pariente, quien también retuvo a los agresores, pero ahora estos dos podrían ser liberados debido a que en la Fiscalía se puso reparos a los denunciantes.
La indefensión de las víctimas se ha hecho común en Potosí, donde los fiscales no investigan, sino que les piden a aquellas que sean las que consigan las pruebas. El caso del agredido se hace público por una circunstancia: es el hijo del exsenador de oposición Edwin Rodríguez.
Los hechos ocurrieron en la primera hora del viernes. El agredido estaba circulando por las calles aledañas al ex edificio de Tránsito, cuando vio que dos personas estaban golpeando a alguien. Se acercó con el ánimo de ayudar, pero los golpeadores dejaron a su víctima para atacarlo a él. Recibió una paliza que le causó heridas de diversa consideración en la cabeza y es probable que el hecho hubiera pasado a mayores de no mediar la aparición de uno de sus parientes, al mando de un taxi, que se bajó y no solo frenó la golpiza, sino que agarró a los agresores y los retuvo hasta que llegó la Policía.
Pero el caso no tuvo final feliz.
Desde que el caso llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), comenzaron las exigencias de parte de la fiscala de turno, Laura Noya, que, pese a ser un caso de delito flagrante, comenzó a pedir pruebas a los familiares de la víctima. Cuando apareció el padre, que resultó ser un exsenador de oposición, la negligencia pareció aumentar.
De inicio, la médica forense no pudo ser ubicada, así que se llevó a la víctima a una clínica particular, donde la practicaron una tomografía que reveló lesiones en la cabeza con impedimento mayor a 15 días. No obstante, cuando por fin se ubicó a la forense, esta desechó los resultados de la tomografía y, tras un examen físico, señaló un impedimento de 13 días, lo que daría lugar a que se califique el hecho como “lesiones leves”.
Mientras la familia peregrinaba entre clínica, Fiscalía y, después, un hospital público, pasaba el tiempo y se acercaba el plazo máximo de ocho horas de arresto. Según Rodríguez, la fiscala Noya les dijo que los arrestados serían liberados si no se presentaba certificados médicos válidos; es decir del forense, que ameriten sus lesiones.
Los acusados son dos varones, que son los golpeadores, y una mujer, que vigilaba mientras se ejecutaba la paliza. Todos son mayores de edad y, según dijeron a la Policía, no son de Potosí, así que se presume que se irán una vez que sean liberados.
En Potosí se ha hecho costumbre que los fiscales pidan a las víctimas que sean quienes investiguen sus propios casos y se encarguen de conseguir las pruebas. La Ley 260, del Ministerio Público, señala que los fiscales son quienes deben perseguir delitos, no las víctimas, y, además, deben actuar con objetividad, oportunidad, responsabilidad, celeridad y transparencia.
//FUENTE: EL POTOSÍ//
