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A unos pasos del lugar donde estaba la carpa está ella, Victoria López, sentada en una de las bancas de El Prado paceño y con nostalgia en su corazón. En los últimos 10 años ese lugar representó el símbolo y la trinchera de su lucha por lograr atención del Gobierno y reparación para todas las víctimas de las dictaduras. Finalmente, se logró un avance.
El Gobierno se comprometió, mediante un convenio, a reparar a un grupo de las víctimas y a revisar los expedientes de otro, que es la mayoría.
La presidenta de la Plataforma de Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras considera que es un gran paso que se dio, por el que también las víctimas cedieron y levantaron la carpa donde hacían vigilia permanente; sin embargo, anunció que ella, la dirigencia y todos los integrantes de la plataforma vigilarán que las autoridades cumplan con todos los puntos del acuerdo, de lo contrario piensan regresar a la carpa.
¿Cómo recibieron este convenio firmado por el Gobierno?
Ha sido el final de una lucha. Hace prácticamente un año, con el ministro de Justicia Iván Lima, que hemos estado trabajando en mesas técnicas, hemos tenido momentos muy difíciles, discusiones muy serias, muy fuertes y al final con medidas de presión.
Hemos acordado firmar este acuerdo en vista de que las anteriores autoridades, ministros y ministras que pasaron, nunca nos han escuchado. Ahora hemos visto por conveniente acordar y firmar un documento.
Este acuerdo llega después de una serie de tropiezos con algunas leyes y gestiones.
Sí. El 11 de marzo de 2004 se aprueba la Ley 2640, que es la ley madre; establece un resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política en períodos de gobiernos inconstitucionales, pero esta ley no es una reparación integral, lo que nosotros buscábamos. La reparación integral para las víctimas consiste en que nosotros tenemos derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación y a las garantías. Esos son los pilares. La reparación consiste en la restitución, la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
¿Qué pasó luego de esta ley?
Sale una primera comisión, que saca la convocatoria para que presentemos nuestros expedientes. Hemos sido más de 7.000 los compañeros que presentamos. Pero esa comisión comenzó a descalificar, a depurar a muchos compañeros. Lo único valorable es que publicó una separata donde estamos 6.221 compañeros clasificados. Estando vigente esa ley, a esa comisión la anularon y crearon la Comteca, y fue peor porque nos pidieron más requisitos, pero imposibles de presentar como salvoconductos, pasaporte de salida y de ingreso. Cómo eso es posible si muchos compañeros han tenido que huir clandestinamente.
Nos pidieron certificado médico forense de los compañeros que han sufrido lesiones, pero es inadmisible porque después de tantos años las mujeres que hemos sido ultrajadas y violadas cómo vamos a presentar certificados y testigos. ¿Acaso con testigos nos han ultrajado?
Por esos motivos esta segunda comisión comenzó a desclasificar a la mayor parte de los compañeros. Después, a los dos años de esta ley, en el gobierno de Evo Morales, sacan otra ley, la 238, en la que califican a 1.714 personas de los 6.221, quedamos más de 4.000 al margen.
Algunos han podido presentar, otros no y eso significó la desclasificación. Nos dicen que las pruebas no son fehacientes.
¿En este convenio, a qué se comprometió el Gobierno?
En el acuerdo dice que saldrá una ley que la tiene que presentar ya nomás el Ministerio de Justicia, ya está hecho el documento, para que se revisen esos expedientes que han sido desclasificados. Es una revisión extraordinaria, por única vez, habrá una comisión revisora interministerial, de los ministerios de Gobierno, de Salud y de Justicia, pero nos ha costado hacerles aceptar que como víctimas también tenemos que estar presentes en esa comisión con derecho a voz y voto, nos dijeron que no podemos ser juez y parte. Hemos insistido y logramos tener voz en la comisión.
¿En qué tiempo se tiene que aprobar la ley?
En tres meses ya tiene que presentarse la ley y a los 30 días se tiene que comenzar a revisar los expedientes. Queremos que ese trabajo sea apresurado, ellos han fijado un año, pero es mucho. Al final de ese tiempo la comisión tiene que emitir un informe. Propusimos que sean seis meses.
Ése es el compromiso al que se llegó con las personas cuyos expedientes fueron desclasificados.
¿Qué pasa con las víctimas que entraron dentro de la reparación?, ¿qué ganaron ellas?
Para las 1.714 personas se aprobó la ley. Es decir, con la Ley 238 ya les pagaron un 20%, ahora les pagarán el 80%, de acuerdo con la clasificación que ellos han hecho. No es para todas las víctimas. Son casi 100 mil bolivianos que están sacando del TGN. Para ellos sólo es el resarcimiento económico, nada más. En cambio, los aún no clasificados estamos pidiendo que tenemos derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia también.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
