El proceso penal contra los encapuchados que el 28 de octubre de 2021 secuestraron a periodistas bolivianos en el predio rural Las Londras, en el municipio de Guarayos, departamento de Santa Cruz, quedó paralizado debido a que los policías que estaban a cargo de las investigaciones fueron cambiados de destino.
La irregularidad fue informada por la abogada defensora de las víctimas, Raquel Guerrero, quien dio cuenta que los policías se quedaron sin emitir un informe sobre la incomparecencia de cinco acusados que fueron citados por edicto, entre los que se encuentran líderes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (FSUTC) de Santa Cruz que acusaron a los investigadores de parcialización.
Tras el pronunciamiento de la FSUTC, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Olguín, dispuso que los tres policías de Guarayos se replegaran para desempeñarse en labores en la ciudad capital, distante a 300 kilómetros.
El gremio de periodistas recordó que han pasado 100 días y solamente existe un detenido, con fines investigativos, por los hechos del 28 de octubre, cuando un grupo armado retuvo a 17 personas, entre ellos periodistas que realizaban la cobertura de una invasión de terrenos de cultivo. También resultaron afectados policías y trabajadores de una hacienda.
Por el denominado ‘caso Las Londras’ solamente se encuentra detenido Heber Sixto Canaza, en tanto que hay cinco prófugos con mandamientos de aprehensión, por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia o portación de armas de fuego, tentativa de homicidio y amenazas.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios impresos de Bolivia realizó un llamado a la recuperación de la justicia, y en un comunicado difundido el domingo 6 de febrero, lamentó la insensibilidad de jueces frente a crímenes atroces “y la actitud pasiva de políticos sumidos en extravío cuando el país demanda respuestas”.
“Hay una tendencia de debilitamiento de las instituciones democráticas y un angustioso retroceso en el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la protesta, el acceso a la justicia y la falta de datos e información de interés público sobre el trabajo que realizan los funcionarios en distintos estamentos”, expresó la ANP.
La organización expresó preocupación por la falta de avance en las investigaciones sobre el secuestro y tortura de periodistas, y señaló su protesta por los cambios de fiscales e investigadores solicitados por sectores identificados como interculturales que, además de estar vinculados al partido gobernante, representan a la parte interesada en prolongar esta fase de indagaciones previas a un proceso judicial.
//FUENTE: ANP – UNIDAD DE MONITOREO//
