La jornada del lunes 7 de febrero el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, manifestó su molestia tras conocer que la Fiscalía de Tarija apelará la anulación de la imputación por el caso Paro Cívico, emitida el pasado viernes, por parte del juzgado cuarto en lo cautelar.
En ese sentido, Ávila pidió a la Fiscalía trabajar para aprehender a feminicidas, corruptos y narcotraficantes, en lugar de buscar acallar las protestas de los ciudadanos.
“Fue realmente insólito que se nos haya imputado tanto a mi persona como al dirigente del Transporte o al gobernador y al alcalde por protestar contra una ley que dañaba a la población boliviana”, dijo Ávila.
Después de dos suspensiones consecutivas, el pasado viernes 4 de febrero se instaló la audiencia cautelar en contra de los cívicos y autoridades imputadas por la convocatoria al paro de noviembre de 2021. La autoridad jurisdiccional determinó anular el proceso, en virtud a que no habría suficientes indicios que sustenten los cargos en contra de las seis personas denunciadas.
En este caso se investigaban los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y separatismo, los imputados eran el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Reese, el gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón, el alcalde de Cercado, Johnny Torres Terzo, el ejecutivo de la Federación de Autotransporte “15 de Abril”, Gabriel Pérez, y líderes del Comité Cívico Juvenil.
La denuncia contra las mencionadas autoridades fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, dos días después de iniciado el paro en rechazo a la Ley 1386.
//FUENTE: NUEVO SUR//
