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La Policía Boliviana es conducida por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; el viceministro de Régimen Interior y Policía, Ismael Tellez; y el director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas y en los recientes conflictos, efectivos de esa institución incurrieron en varios excesos que fueron observados por la comunidad internacional. Políticos y analistas ven que los antecedentes de violencia de esas tres autoridades sumados a su falta de capacidad en el manejo de conflictos, muestran el perfil de un gobierno con rasgos totalitarios.
“Falta la capacidad de personas que tengan el manejo de crisis y conflictos para este tipo de circunstancias. Porque acá nos estamos olvidando de algo muy importante: la cultura del diálogo. Nos estamos yendo más a acciones de hecho que a acciones de controlar, de preservar y resguardar conflictos”, señaló, por ejemplo, el abogado Eusebio Vera a Página Siete. El jurista hizo seguimiento al conflicto cocalero bastante tiempo e incluso asumió la defensa del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez para lograr su liberación en 2019.
Las críticas surgieron después de que el Gobierno movilizó a la Policía para aplicar represiones selectivas, gasificación para unos y protección a otros, situación reflejada en las protestas de Adepcoca, de los cívicos cruceños, del Conade, de los interculturales, víctimas de 2019 y de regiones afines al MAS.
La Constitución Política del Estado (CPE) señala que la Policía depende del Presidente por intermedio del Ministro de Gobierno y está a cargo de la seguridad interna de todos los ciudadanos bolivianos y de hacer cumplir la ley.
“La Policía tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”, señala parte del artículo 251 de la Carta Magna.
Sin embargo, las acciones de la Policía denotaron en los últimos conflictos sociales un doble rasero: hacer cumplir las leyes contra unos por uso de petardos y dinamitas (cocaleros en La Paz) y omisión a otros que usan incluso armas de fuego (avasalladores en Santa Cruz, por ejemplo); resguardo de un mercado de la coca que funciona al margen de la Ley 906 y atropello a un mercado legal; protección a marchistas del MAS y represión a sectores que no responden a ese partido; negociar para requisar viviendas a fin de buscar narcos en el Chapare, Cochabamba; y violentar la propiedad privada para capturar a manifestantes en La Paz.
Vera dijo que esa situación sólo agrava la conflictividad en el país. Por su lado, Franco Albarracín, abogado y experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia, aseveró que el uso de la Policía para que opere al margen de la ley y cometa abusos contra civiles, muestra acciones similares a las que se practican en Nicaragua, y reflejan la imagen de un gobierno autoritario.
El uso de grupos parapoliciales e infiltrados para generar violencia en movilizaciones, “esto ya es un patrón que parte de una estrategia, promovida por las altas autoridades, principalmente por el Ministro de Gobierno (…) Son hechos impulsados, promovidos, fomentados por estas altas autoridades”, manifestó Albarracín.
Ambos coincidieron en que la forma en que se maneja a la Policía pone en entredicho a las autoridades del Ministerio de Gobierno, más aún cuando altos funcionarios de esa cartera recurrieron y recurren a la violencia para resolver un conflicto, dejando de lado la cultura del diálogo y la paz. Detallaron que cuando se trata de protestas de afines al Gobierno, lo resuelven en cuestión de días, pero si son manifestaciones contrarias, entonces ahí hay una falta de voluntad de resolver el conflicto y sólo se busca imponer una postura.
Eduardo del Castillo
La oposición considera que Del Castillo representa esa imagen del “autoritarismo y la represión” en el gobierno de Luis Arce. Recordaron que esa autoridad, antes de asumir su cargo, encabezaba movilizaciones violentas y apuntaba con petardos, y ahora procesa a quienes incurren en la misma práctica.
“Es el ministro de la represión, del autoritarismo, el ministro que va contra las leyes del pueblo boliviano”, apuntó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga. Dijo que se solicitó una petición de informe oral a esa autoridad para que explique por qué se vulneró el derecho a la presunción de inocencia y a la propiedad privada en el conflicto de Adepcoca, y los motivos que llevaron a la Policía a arrestar a vecinos por no portar carnet de identidad.
Vera y Albarracín sospechan que las acciones violentas con que Del Castillo se movilizaba las replica ahora al frente de la Policía, pero para reprimir a quienes no sean de su partido. Remarcaron que cuando una persona ejerce un cargo como autoridad no puede ir a la confrontación y a la vulneración de las leyes, sino a dar soluciones.
Ante las críticas sobre vulneración de derechos en represiones policiales en manifestaciones contra el Gobierno, Del Castillo negó ese extremo y aseguró que las acciones de la Policía están enmarcadas en el debido proceso y el respeto a la ley. Sobre los cocaleros detenidos, dijo que “son gente que no quiere dialogar, no busca solucionar el conflicto, sino que están buscando generar terror, secuestrar efectivos policiales”.
Algunos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) respaldaron la gestión del Ministro de Gobierno, pero otros, como el diputado Ramiro Venegas, pidieron a la autoridad dar un paso al costado porque consideran que no actuó con responsabilid en los conflictos sociales.
“Yo creo que debería dar un paso al costado porque no está actuando de manera responsable. Los bolivianos no queremos más llanto, más luto, confrontación, que puede ser peor, porque detrás de esto, quiero denunciar, están pues los cadáveres políticos”, apuntó Venegas.
Daniel Rojas, diputado de ese mismo partido, anunció que se pedirán explicaciones al ministro Del Castillo ante denuncias de vulneración de derechos, sobre todo por este tema de exhibir como delincuentes a ciudadanos sin que haya una sentencia ejecutoriada.
Ismael Téllez
Antes de asumir el cargo, el viceministro Ismael Téllez fue conocido públicamente por su participación en grupos de choque del MAS y la agresión que le propinó al diputado Miguel Roca, de CC, en 2021. Téllez, al asumir su cargo, pidió disculpas por ese suceso.
Roca recordó ese pasaje y dijo que cuando el Gobierno pone en un cargo a alguien que participa en grupos violentos, el resultado es que ahora esa autoridad es la encargada de la “represión política” en los recientes conflictos sociales.
Responsabilizó al viceministro por las represiones y por la agresión que sufrió de parte de la Policía en la semana, cuando intentaba hacer seguimiento a la situación jurídica de cocaleros detenidos en El Alto. Por eso, pidió la destitución de dicha autoridad.
No sólo es este caso, Téllez también fue cuestionado por justificar el accionar de infiltrados en las movilizaciones de Adepcoca y que un funcionario se haya hecho pasar por periodista. En estos días, el viceministro indicó que esa persona “está haciendo un trabajo para preservar la paz interna del Estado, debe ir a verificar. A mí no me sirve un director que esté sentado en su escritorio, necesito que esté en las calles monitoreando el conflicto”.
Distintas asociaciones de la prensa reprocharon esas acciones y consideran que ese funcionario representa un riesgo para la labor de los medios de comunicación independientes.
Marco Antonio Cuentas
El mencionado funcionario “infiltrado” del Ministerio de Gobierno fue identificado como Marco Antonio Cuentas, director de Régimen Interior.
En septiembre de 2021, vecinos de Villa Fátima identificaron a Cuentas como líder de “grupos parapoliciales” que atacaron a golpes y con dinamitas a cocaleros de los Yungas y causaron daños a sus casas con las detonaciones de los explosivos. Ese año, sus acciones quedaron registradas en varios videos y fotos en los que aparece operando junto a civiles encapuchados, “infiltrados” entre los policías.
En esta semana, Cuentas volvió a ser identificado junto con otros funcionarios, esta vez haciéndose pasar como periodista y, fingiendo esa labor, hizo transmisiones en vivo por una página de Facebook.
“Estamos en inmediaciones de la Terminal (de buses) Minasa, donde hubo un enfrentamiento por parte de sectores del mercado de Villa Fátima de Adepcoca, que estaban con las intenciones de cerrar el mercado de Villa El Carmen, también de Adepcoca”, relató el director de Régimen Interior para una transmisión en vivo que hizo en la página de seguidores de Columna Sur en Facebook, el lunes 1 de agosto.
Esta situación generó molestia en organismos de la prensa y activistas de derechos humanos, que lo denunciaron por usurpar y ejercer de manera ilegal como periodista.
“No son hechos aislados, no es que el director por equivocación, por un criterio personal se infiltraba entre periodistas; ya existe un patrón, a qué me refiero, que son hechos constantes, reiterativos, que demuestran que estas tácticas de generar grupos parapoliciales, de enviar personas infiltradas para provocar y desmantelar alguna protesta, para generar violencia, ya son patrones que responden a una estrategia propia de estas altas autoridades, con el fin de generar violencia, confusión y desorganización en protestas pacíficas” aseveró el jurista Franco Albarracín.
Por estos sucesos, algunos legisladores de oficialiasmo y oposición pidieron la renuncia del ministro Eduardo del Castillo, por los cuestionamiento a la forma en que se conduce a la Policía y a funcionarios públicos. Por su lado, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) también cuestionó el “uso excesivo de la fuerza” en el conflicto cocalero y demandó a las autoridades bolivianas el respeto al derecho a la protesta.
//FUENTE: PÁGINA SIETE//
