Huggier Hurtado al centro, camina con ayuda de su abogado y uno de sus hijos, a los extremos la carta de IBC, en la que se niega haber emitido un carnet de ceguera en favor de Hurtado. El carnet de discapacidad auditiva y de ceguera / P7
LA ESTAFA MILLONARIA DEL “BUEN SAMARITANO” (2/4)
Carlos Quisbert / P7
Cuando no está en los estrados judiciales, Hoggier Hurtado revisa su celular, chatea, lee la biblia y predica efusivamente para los miembros de la Comunidad Cristiana de Santa Cruz. Pero cuando debe comparecer ante fiscales o jueces, por los varios procesos que tiene por millonarias estafas, estelionato, asociación delictuosa o uso de instrumento falsificado, el expresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Buen Samaritano” se transforma.
Unas gafas oscuras y un bastón son sus accesorios infaltables. Camina por los estrados siempre ayudado por uno o dos lazarillos, como si fuera “una persona con discapacidad visual total”, condición que aseguro tener desde 2015 y que respaldó ante la justicia con un carnet de discapacidad supuestamente emitido por el Instituto Boliviano de la Ceguera IBC.
Hace un año, el 2 de febrero de 2021, en respuesta a un requerimiento fiscal, la directora departamental del IBC, en Santa Cruz, Feliciana Calizaya, reportó que el carnet de discapacidad, con el código 50987, que Hurtado presentó ante los jueces a nombre de esa institución, para acreditar que padece una “ceguera total”, no fue emitido por el Instituto que dirige. Por este hecho Hurtado está procesado por uso de instrumento falsificado.
- Hoggier Hurtado, predicador de la Comunidad Cristina de Santa Cruz y ex presidente del Consejo Administrativo de la entidad financiera es el principal denunciado de este caso. A la fecha enfrenta procesos por estafa, fraude, estelionato y uso de instrumento falsificado, entre otros, que ha sabido dilatar recurriendo a una serie de chicanas.
Pero… ¿Cómo logró el predicador esta estafa millonaria?
Hoggier Hurtado en la Felcc, el 2015, ingresa como invidente / EL DEBER
Desde 2015, Hoggier Hurtado Añez es el principal acusado de esta millonaria estafa. Su amplia hoja de vida como presidente o miembro de entidades financieras, queda opacada por los antecedentes de frondosas denuncias por estafa y estelionato, que en diferentes circunstancias y fechas se presentaron contra él, su familia y sus socios.
“En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ‘El Buen Samaritano’, ellos le llaman ‘liquidación voluntaria’, pero en realidad es una quiebra fraudulenta. (Cuando la Cooperativa ya no tenía liquidez), engañaron a sus socios con la propuesta de devolverles su capital en terrenos. En mi caso, (en 2014) pretendían que yo acepte lotes a 50 dólares el metro cuadrado; están ubicados en la provincia Warnes, de Santa Cruz, pero esas tierras tienen sobreprecio, ellos las compraron a 0,2 centavos de dólar el metro cuadrado en 2009. Era una burda estafa de este pastor y sus secuaces”, denunció el coronel del servicio pasivo, Sebastián Claure, principal denunciante del hecho.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunitario “El Buen Samaritano” Ltda. fue fundada en 1965, alcanzó a tener 45.000 socios y hasta 2014 captaba ahorristas en sucursales de todo del país con masivas campañas publicitarias.
Entonces sus administradores afirmaban representar a una institución financiera con solvencia económica mayor a la de un banco. Sin embargo, de acuerdo a la resolución jerárquica 040/2017 firmada por el entonces ministro de Economía, Luis Arce, en 2015 “El Buen Samaritano” ya tenía pérdidas de más de 91,3 millones de dólares.
Los 45.000 socios y ahorristas pasaron a ser víctimas que no podían recuperar sus depósitos. Pese a las cifras, no hubo convulsión social ni la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); a lo largo de los años la gran mayoría de ellos negoció la adjudicación de terrenos, “para no perderlo todo”.
“No eran dólares, eran bolivianos”
Boris Borda, gerente de la cooperativa El Buen Samaritano, desde 2018 / P7
“Es mentira. Es una pena, un error catastrófico del Ministerio de Economía que (cuyos técnicos) ratificaron un informe de la ASFI, cometieron un error y lo puedo demostrar”, aseguró a Página Siete, con indignación, el actual gerente de la Cooperativa, Boris Borda sobre la resolución emitida por el Ministerio de Economía.
En la entrevista con este medio, que se dio en la última oficina que mantiene “El Buen Samaritano”, en Santa Cruz –de las más de 15 que alguna vez tuvo–, Borda mostró un estado financiero “auditado” para asegurar que no se trataban de 91 millones de dólares, sino de 91 millones de bolivianos y que no eran pérdidas reales sino “proyecciones”.
No obstante, la resolución de Arce nunca fue desmentida oficialmente y figura como uno de los principales fundamentos por el cual la ASFI despojó en 2013, el Certificado de Adecuación a “El Buen Samaritano”. En teoría, sin esa certificación, la entidad no estaba autorizada a captar a ahorristas y operar modificando sus normas internas como lo hicieron en los siguientes años.
En la actualidad, divididos en grupos cuyas discriminaciones financieras no son muy claras, Borda aseguró que sólo se debe a “944 socios, (un total de) 33 millones de bolivianos”.
Asimismo, por medio de una nota dirigida a este medio, el director general (interino) de la ASFI, Reynaldo Yujra, señaló que, al no haber cumplido con los requisitos, la cooperativa no está bajo la regulación de esa institución, por lo que tampoco puede procesar las denuncias que les hizo llegar Claure.
Sin esa fiscalización, los últimos socios de la cooperativa solo pueden tener esperanzas de que les toque algo de los últimos 15 millones de bolivianos que la Cooperativa tiene para liquidar la deuda, según los datos de Borda, quien ocupa el cargo desde marzo de 2018. Sobre su gerencia está el Consejo Administrativo de Liquidación, presidido por Jorge Antonio Montoya, otro de los acusados en el proceso abierto por Claure, quien señala como cómplices a ambos funcionarios, pues fueron parte de la estructura que presidió Hurtado.
Esos son los datos oficiales para la Cooperativa, pero por fuera existen decenas de denuncias contra Hurtado y sus excolaboradores por estafa con múltiples víctimas. “Nunca se declaró una quiebra, lo que por conminatoria de la ASFI se hizo, para evitar un escándalo financiero, fue ingresar a una liquidación voluntaria de la institución”, afirmó Borda.
“Pistola en mano” Hurtado habría sido amenazado por la ex de Pablo Escobar
Magaly Cueto, la boliviana expareja del narco Pablo Escobar, detenida por la Policía de Chile en 2014 / RRSS
La historia de esta millonaria estafa habría cobrado otros matices fuera de los estrados judiciales. Hace tres años, el 13 de marzo de 2019, uno de los hijos de Hurtado presentó un memorial ante un juez para acusar a Claure por supuestamente contratar a dos hombres y a una mujer identificada como Magaly Cueto, para amenazar a su padre. En el documento, aseguraban que entre los testigos del hecho estaban las nietas del predicador.
Según sus propias averiguaciones, en el memorial señalaron al juez que Cueto era la expareja del narco y fallecido capo del Cartel de Medellín, el colombiano Pablo Escobar Gaviria, aunque nunca presentaron prueba alguna de esa historia. Las tres personas, según complementaron la denuncia los hijos de Hurtado, fueron enviadas para amedrentar al predicador pistola en mano, con el fin de que pague la deuda que tenía con el coronel jubilado.
El incidente, según el memorial del hijo, provocó la internación de Hurtado y esa fue la excusa para suspender una de las decenas de audiencias judiciales que se suspendieron en estos años de proceso. Esas “chicanas” o argucias legales han servido para dilatar otros procesos que luego el denunciado pide sean cerrados aduciendo la prescripción de los delitos o plazos procesales.
El 1 de junio de este año, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, Página Siete presenció el momento en que el abogado de Hurtado dijo que su cliente estaba nuevamente internado en una clínica. Así, el jurista logró que se suspenda la audiencia cautelar en la que el fiscal Julio Cesar Porras debía pedir el encarcelamiento de Hurtado.
Sin embargo, el domingo siguiente, tras una “milagrosa recuperación”, el pastor “ciego” volvió a leer la biblia para los fieles de su iglesia, como se ve en las publicaciones de Facebook de la Comunidad Cristiana de Santa Cruz. Estos hechos y las múltiples denuncias por estafa contra Hurtado y su entorno están documentadas en decenas de expedientes judiciales, los que Página Siete consultó para esta investigación en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.
“El Buen Samaritano” operó su estafa mediante la inmobiliaria FamiliCasa y otras empresas
La exagérente de Bienes Raíces FamiliCasa, Mayerly Bonilla / P7
Para esta investigación, Página Siete logró el testimonio de Mayerlin Bonilla, exgerente de una de las nueve empresas “fachada”, creadas por Hurtado y sus socios para camuflar la malversación del dinero de los ahorristas.
Bonilla además de confirmar los móviles del fraude, reveló que entre las víctimas está el propio Estado. La exgerente de FamiliCasa Bienes Raíces S. A. explicó que “El Buen Samaritano”, por medio de la inmobiliaria vendió al Gobierno terrenos a 50 dólares el metro cuadrado, de una tierra que en realidad solo costaban 20 dólares.
El fin de la creación de esta firma, según Bonilla, era generar ingresos a través de la venta de los terrenos de la Cooperativa, que no producían ganancias. “El Buen Samaritano” entregó en propiedades, un préstamo de 45 millones de bolivianos, aproximadamente. Dicho monto le fue adjudicado a tres socios accionistas y a la vez gerentes de FamiliCasa, quienes debían pagar con intereses, según las ganancias de la venta de los inmuebles.
“Todos los bienes que la Cooperativa dio a FamiliCasa tenían sobreprecio”, aseguró Bonilla a Página Siete. Sostuvo que, por su juventud fue engañada por Hurtado y los miembros del Consejo Administrativo que le instruían cómo hacer las transacciones en las que la incriminaron.
La entidad estatal afectada por la venta con sobreprecio fue el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif). Esa institución adquirió las tierras para que la misma Cooperativa financie créditos a empresas de construcción que debían edificar “viviendas solidarias”, las que nunca se entregaron al Gobierno.
Por este hecho existe una demanda por 3,4 millones de dólares que la Cooperativa pretende recuperar de FámiliCasa, la inmobiliaria actualmente ya no tiene ni representantes legales ni oficinas. Los demandados son accionistas y gerentes de FamiliCasa y revelaron que fueron “invitados” a esa sociedad por los miembros del Consejo Administrativo de “El Buen Samaritano” en 2008.
Bonilla aseguró que con excepción del Fondesif, toda venta de terrenos solo reportaba pérdidas para FamiliCasa, porque la mayoría no se podía dar con el mismo sobreprecio con el que la Cooperativa se las dio a la inmobiliaria, además que varias de las propiedades solo existían en papeles fotocopiados, falseados.
Un informe de auditoría integral emitido por las abogadas Ana María Jaldín y María Gloria Saravia, en marzo de 2016, señala que uno de los tres accionistas de Familicasa, Cesar Alberto Aguilera Bruno, tenía “como únicos bienes una computadora, un equipo de música, una TV, una radio y que percibía $us 349”.
El dato es relevante porque Aguilera, su esposa, Claudia Romero, y Rolando Antelo Scott, recibieron de “El Buen Samaritano” el préstamo de más de 45 millones de bolivianos, que era el valor de todas las propiedades entregadas por la Cooperativa a FamiliCasa.
“Según el certificado de trabajo del solicitante (del millonario préstamo), ejerce como jugador de fútbol con una antigüedad de cinco meses y un sueldo de 2.500 bolivianos. (Aguilera) no acredita por ningún medio que tenga experiencia en la comercialización de bienes e inmuebles”, detalla una de las 17 observaciones graves en el informe de las abogadas, hecho en 2016.
En el caso de Romero, era una “ejecutiva de ventas” en un canal de televisión con un sueldo de 3.000 bolivianos, cuya única boleta de pago que presentó no era verificable. Scott tenía similares observaciones, pero además este reportó como “patrimonio” una deuda bancaria de 1.456 dólares.
Familia unida a la hora de defenderse
Procesados por la estafa en el caso de FámiliCasa, en Santa Cruz /P7
La esposa de Hurtado, Ena Aguayo y los hijos del predicador, Marco Antonio y Raúl Hurtado también fueron denunciados por Claure y otras víctimas. Los exgerentes, abogados y “empresarios que uno piensa que son gente de bien en Santa Cruz”, estaban implicados en otras denuncias, afirmó la abogada Susana Parada, una de las víctimas por la venta de terrenos en el caso de la Forestal del Oriente, de 2016.
Entre los más de 30 exdirectivos y gerentes procesados como cómplices en el caso de estafa de “El Buen Samaritano” abierta por Claure, figuran: Patricia Machicado, Miguel Languidey, Kenjiro Sakaguchi Yamamoto, Dikson Encinas y Alan Campell. En cambio, entre las víctimas que en algunos casos perdieron “los ahorros de toda la vida”, hay rentistas, catedráticos, médicos, comerciantes y el coronel del Ejército, Claure Acuña.
En esta historia, en un extremo, se tiene al militar del servicio pasivo que reveló el entramado financiero y denunció la “quiebra fraudulenta”, que declaró “El Buen Samaritano” para apropiarse del dinero de los socios a los cuales, “para que no pierdan todo”, les ofrecieron terrenos que luego descubrió estaban sobrevaluados. En el otro extremo, están el predicador “ciego” y su familia.
A la fecha, hay al menos una decena de procesos abiertos contra Hurtado, familiares y exsocios de la cooperativa, pero paradójicamente todos siguen trabajando en otros negocios similares. Ninguno fue detenido preventivamente o perdió sus bienes o ahorros, como le pasó a los miles de ahorristas de “El Buen Samaritano”.
//FUENTE: P7 PLUS INVESTIGA//
