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La movilización realizada la anterior semana por el sector de salud, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), profesionales, gremiales y otros por la ciudad de La Paz, desencadenó en una serie de vulneraciones en contra de las libertades fundamentales, el derecho a la protesta y la institucionalidad democrática que el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS desglosa en el presente reporte.
Contramarcha y agresiones
Para el 21 de julio pasado se convocaron a una serie de movilizaciones en la ciudad de La Paz. Por un lado, afiliados al Colegio Médico salieron a marchar en contra de la persecución política, los gremiales salieron a las calles para rechazar, también, el artículo 11 del proyecto de Ley 249 de Lucha Contra el Contrabando; el Colegio de Arquitectos se sumó a la movilización en contra de la persecución política; esposas de policías se plegaron por los procesos internos que dieron de baja a 20 uniformados y el Conade se adhirió a estas movilizaciones.
Frente a este panorama, organizaciones ligadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) se organizaron para contrarrestar estas movilizaciones. A través de una página de Facebook denominada “Coordinadora de organizaciones, colectivos y bloques de La Paz y El Alto”, estas personas se organizaron para “defender” al gobierno.
Fue así que el día de la marcha, que partió de la zona de Miraflores al centro de la ciudad, estas organizaciones afines al gobierno interceptaron la movilización multisectorial y atacaron a los manifestantes con piedras, tomates y petardos. La representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, denunció que los afines al MAS portaban cuchillos y palos.
Para el Observatorio de Defensores de UNITAS, en el marco de los estándares de derechos humanos, la protesta desempeña un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos y está estrechamente relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “los actores políticos responsables jerárquicamente de que una manifestación se lleve a cabo sin violencia por parte de fuerzas de seguridad también deben responder cuando no son respetados los derechos de los manifestantes, cuando las fuerzas de seguridad exceden los límites de uso de la fuerza, o los manifestantes son agredidos por terceros”. El derecho a la libertad de reunión y protesta de manera pública, pacífica y con fines lícitos no puede ser limitado o restringido con actos de violencia o al no proporcionar el debido resguardo.
Aprehensión de activistas
Ocho personas fueron aprehendidas el día de la movilización, producto de las agresiones entre ambos bandos: los integrantes de la marcha multisectorial y los afines al MAS. Tres de las cinco personas fueron detenidas en posesión de escudos y fueron trasladadas, todas, a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. A este lugar llegó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, para abogar por la liberación de éstos.
De las ocho personas cinco fueron liberadas. Los otros tres Rodolfo Augusto R. O., Mauricio Alejandro B.H., y Ricki Blas F. R. fueron enviados, un día después, a la cárcel de San Pedro con detención preventiva. Su abogada, Carmen Arista, denunció que ninguno tenía armas ni explosivos, pese a eso fueron procesados por tenencia y portación ilícita de armas no convencionales. “Están criminalizando a que el ciudadano vaya y salga a una marcha”, denunció Arista, según reportes de prensa.
Para el Observatorio de Defensores de UNITAS es necesario recordar que en contextos de protesta también se aplican los requisitos generales del sistema para la prevención de las detenciones arbitrarias, y que cualquier privación de la libertad debe seguir las reglas del debido proceso, en ese sentido, el Estado debe garantizar que las detenciones de las personas manifestantes cumplan entre otros, con los requisitos de razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad, asumiendo el carácter excepcional de la detención preventiva.
La Constitución Política del Estado, entre sus artículos 109 al 124 establece las garantías jurisdiccionales que deben regir cualquier proceso legal, concretamente, a través del artículo 115 garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Exhibición de detenidos por el ministro de Gobierno
Pese a que, en junio pasado, el investigador senior de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, cuestionara la exposición de personas aprehendidas que hace el Ministerio de Gobierno, nuevamente el ministro Eduardo del Castillo, a través de su cuenta de Twitter, exhibió a los arrestados de esta movilización.
“Tras fuertes críticas, en junio el ministro @EDelCastilloDC ordenó a la policía dejar de exhibir sospechosos frente a la prensa. Pero él sigue publicando sus fotos en Twitter”, cuestionó Muñoz y expresó la necesidad de “parar con esa práctica que viola la presunción de inocencia”.
El Observatorio de UNITAS recuerda que la presunción de inocencia es uno de los pilares de un Estado democrático de derecho y es condición indispensable del debido proceso legal, “impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio”, en ese sentido, presentar públicamente a personas que están siendo investigadas por la presunta comisión de cualquier delito vulnera este principio.
El artículo 116 de la Constitución Política del Estado garantiza la presunción de inocencia, la cual debe ser aplicada en todo momento dentro de cualquier investigación y proceso judicial hasta que no se demuestre lo contrario, la exhibición pública de personas sin sentencia, mella a su imagen y dignidad.
Denuncia de militares infiltrados en la movilización
Días después de la movilización, Fabián Toro, abogado de los tres jóvenes que fueron enviados a la cárcel de San Pedro, denunció que hubo militares infiltrados en la marcha multisectorial y éstos fueron detenidos por la Policía, pero fueron liberados de manera irregular. Explicó que, de las ocho personas detenidas, las otras cinco que fueron liberadas eran militares, salvo una mujer que era la esposa de uno de ellos.
La abogada Arista identificó a los militares como Oscar Sánchez Céspedes, Hugo Herrera Mercado, Álvaro Barcaya Mamani y Luis Alfredo Lero, quienes usaron nombres falsos para incrustarse en las organizaciones. De acuerdo con el abogado Jorge Valda, se descubrió que, de estas cuatro personas, tres tenían el grado de tenientes y uno era suboficial.
Para el Observatorio de UNITAS, el monitoreo de las actividades regulares de organizaciones políticas y sociales y el registro y almacenamiento de información obtenida por medio de su infiltración son acciones ilegítimas y contrarias a los estándares interamericanos y viola los derechos de libertad de reunión y asociación y de participación política.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos “las actividades de las fuerzas militares y de la policía, y de los demás organismos de seguridad, deben sujetarse rigurosamente a las normas del orden constitucional democrático y a los tratados internacionales de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Esto es especialmente válido respecto a los organismos y las actividades de inteligencia”.
Comandante de la UTOP y la denuncia de vínculos con el narcotráfico
Un último elemento de estos hechos tiene que ver con la denuncia del diputado Miguel Roca (CC), quien denunció al comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), Edwin Raúl Oña Mondaca, por estar vinculado al narcotráfico. En 2011, Oña Mondaca fue presentado por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como miembro de una red de narcotraficantes en la que estaba, también, el exjefe antidrogas, René Sanabria, condenado por tráfico de sustancias controladas.
Roca hizo estas declaraciones en medio de cuestionamientos a la Fiscalía y al Ministerio de Gobierno porque el fin de semana enviaron a tres personas a la cárcel con detención preventiva por portar petardos y escudos en la marcha de los médicos, reportó ANF.
El Observatorio de Defensores de UNITAS precisa que, en el marco de la institucionalidad democrática, el Estado debe regirse por el ordenamiento jurídico instaurado y reconocido, bajo los principios de transparencia y responsabilidad, de lo contrario se genera incertidumbre y falta de seguridad jurídica. Conforme a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, “la corrupción es una amenaza grave para la sostenibilidad de la democracia. La estabilidad política de un país se erosiona cuando, debido a la corrupción, no existe un marco institucional para el establecimiento de un gobierno democrático”.
//FUENTE: UNITAS//
