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La defensora de Derechos Humanos, Guadalupe Cárdenas, anunció que se iniciará un proceso contra el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, a quien se apunta como responsable de haber infiltrado a militares en las marchas de la resistencia al Gobierno.
Cárdenas dijo que se tiene información sobre la presencia de miembros del Estado Mayor del Ejército en el paro cívico de ayer en el Plan 3.000 de Santa Cruz, con el objetivo de generar conflictos para luego culpar y procesar a las instancias cívicas.
Esta sería la segunda vez en que militares de civil son dispuestos dentro de las manifestaciones que resisten a las políticas del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En la marcha de los mandriles blancos, encabezada por el sector médico, del pasado 21 de julio, cuatro efectivos de Inteligencia se infiltraron en la movilización para hacer seguimiento y luego aprehender a cuatro jóvenes paceños.
Luego de la marcha, en la que hubo amagues de enfrentamientos, ocho personas llegaron hasta la plaza Abaroa donde fueron interceptados por agentes policiales de civil. Se les pide subir a una movilidad particular, y son los cuatro infiltrados quienes se someten y así “arrastran” a los demás a celdas policiales.
Tras la toma de declaraciones, los infiltrados identificados como Óscar Sánchez, Hugo Herrera, Álvaro Barcaya y Luis Lero Condori son liberados, mientras tres de los cuatro jóvenes de la “resistencia paceña”, quedan en detención preventiva por tres meses bajo cargos de supuesta portación de armas y explosivos.
En sus mochilas se encontró petardos, que se usan en todas las manifestaciones públicas, y una botella de vinagre que se usa como “remedio casero” ante una eventual gasificación.
“Se le va a iniciar un juicio al ministro de Defensa por involucrar a los militares en estos hechos, creo que él no conoce los reglamentos militares, lo que hizo es dañar a tres personas inocentes y enviarlos a la cárcel”, agregó Cárdenas al matutino El Diario.
Mauricio Bruzone, Rodolfo Rodríguez y Ricardo Fritz fueron enviados al penal de San Pedro, luego de ser presentados como “delincuentes comunes” por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en contraste con el respaldo que les dio la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y su representante Amparo Carvajal.
Dos acciones de libertad fueron rechazadas, explicó el abogado Jorge Valda, bajo el argumento de que los jóvenes podrían “obstaculizar la investigación” al intentar comunicarse con los otros arrestados de esa jornada, es decir, los cuatro militares infiltrados.
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