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Transcurrieron más de dos años desde la promulgación del Decreto Supremo 4217 que autoriza el pago de un seguro en caso de invalidez total y permanente o muerte del personal de salud a consecuencia del Covid-19, sin embargo el actual Gobierno incumple esta obligación del Estado por una “revancha política” en contra de los profesionales.
Al menos 400 médicos y profesionales del sector salud fallecieron desde la primera hasta la cuarta ola de la pandemia, y sus familias, viudas e hijos, quedaron desamparados por una decisión del Gobierno que “prefiere anteponer la política partidaria antes que honrar la memoria de quienes perdieron la vida” por servir a la población en un momento crisis sanitaria.
“Por revanchismo, por un ajuste de cuentas, por una política de acabar con nosotros de forma sistemática, el gobierno lo está haciendo (no pagar el seguro)”, dijo a ANF el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero.
Romero agregó que el Gobierno del MAS incumple este Decreto Supremo porque tiene que ver con la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez y actúa contra los médicos debido a que siempre fue un sector que defendió aparte de la salud, la democracia, y es por eso que “nos ven como enemigos y lo que han podido hacer contra nosotros lo han hecho, esta es una medida de revancha, de cobrarnos cuentas pendientes, seguramente para querer escarmentarnos”.
Claudia Torrico, viuda del médico Dante Arismendi, en entrevista con ANF indicó que ninguna autoridad del Ministerio de Salud hasta la fecha las recibió y la única vez que pudieron dirigirle una palabra al ministro Jeyson Auza, luego de un acto en Sucre, para pedirle una reunión, la autoridad las trató con “desprecio y burla”.
“Si sus esposos ya han muerto, qué quieren que haga, si ha promulgado ese decreto Jeanine Áñez, vayan a pedirle a ella y no nos molestan a nosotros”, les dijo el ministro Auza según relata Torrico. ANF pidió a la Unidad de Comunicación del Ministerio de Salud gestionar una versión de las autoridades sobre el tema, pero no respondió el pedido.
Romero indicó que la decisión del Gobierno de no pagar el seguro no se basa en una decisión que parta de un análisis de gestión económica o administrativa sino “simplemente es una posición del gobierno siempre contraria al sector salud”.
Torrico contó que cuando su esposo perdió la vida por el Covid-19, a los tres días le quitaron el seguro de salud de la Caja Nacional y todo tipo de beneficio, y hasta la fecha, pese a que ha pasado más de dos años, no le pagan los pocos beneficios que generó su esposo en vida, como las duodécimas de aguinaldo y vacaciones devengadas, por lo demás, dijo, “el profesional de salud no tiene derechos al no estar inserto en la Ley General del Trabajo”.
Agregó que todas las viudas de los médicos han sufrido una situación similar a la de ella al perder a sus esposos. “Las viudas hemos quedado desamparadas, estamos sin fuentes laborales y sin ningún servicio para nuestros hijos”.
El ejecutivo del Sirmes lamentó que las autoridades de Salud en lugar de reunirse para cumplir los compromisos del Estado y mejorar el servicio sanitario del país “se reúnan como un grupo de hampones para confabular e instigar a la violencia en contra el sector médico”.
Romero indicó que está en agenda del Sirmes denunciar públicamente la falta de responsabilidad del Ministerio de Salud que incumple un compromiso como Estado y “solo busca miles de pretextos para incumplirlo”.
Estimó que, en todo el país, los médicos y trabajadores en salud que perdieron la vida en las cuatro olas del coronavirus son aproximadamente 400.
“Para nosotros es muy frustrante que el Gobierno se haya olvidado de familias íntegras y nosotras no sabemos qué es lo que vamos a hacer”, expresó Torrico.
Una vez más Torrico pidió al ministro Auza una reunión para conversar sobre el tema y encontrar una solución sobre el tema del seguro de vida de sus esposos.
“Actualmente yo no tengo trabajo, tengo que vivir del día, si salgo y hago algún trabajo tengo para darle de comer a mis hijos, pero la situación está muy crítica”, apuntó.
Romero lamentó que el tema de salud nunca haya sido una prioridad para el Gobierno, y que “mientras más mal pueda hacerle al sector médico para afectar sus derechos, van a sentirse más conformes de cobrarse una lucha que siempre el sector salud le hará al Estado, una lucha justa, digna, luchando por salud, por libertad, por democracia y por todos los valores que un país debe tener”.
//FUENTE: ANF//
