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Un nuevo frente de montaje judicial se presentó esta jornada desde el denominado “comité impulsor” que pretende enjuiciar a toda la oposición política y cívica al Movimiento Al Socialismo (MAS) por la crisis de 2019.
Uno de sus representantes, Rolando Cruz, explicó que se presentó una lista con seis figuras delictivas ante el Ministerio Público en Sucre contra quienes “tuvieron algún protagonismo” en los hechos de octubre y noviembre de 2019, que terminaron con la renuncia del expresidente Evo Morales y toda su cúpula oficialista.
Los presuntos delitos, de los cuales dicho abogado dijo tener “suficiente prueba”, son alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, atentados contra el presidente, genocidio y organización criminal.
La lista de denunciados es ampulosa y va desde jefes políticos, exmandos militares y policiales, hasta actuales autoridades subnacionales: Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Sánchez Berzaín, Erick Foronda, Yuri Calderón, William Kalimán, Carlos Alarcón, Ricardo Paz, Waldo Albarracín, Marco Antonio Pumari, Luis Revilla, Iván Arias, Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, José Luis Parada, Yerko Núñez, Roxana Lizárraga, Álvaro Coimbra, además de otros asesores y funcionarios de la expresidenta Jeanine Áñez.
Desde que Luis Arce ganó las elecciones generales de octubre de 2020, el masismo activó procesos judiciales contra toda la oposición política, cívica y activistas sociales que se encuentran en etapa de juicio o investigación, pero con detención preventiva en distintas cárceles del país.
El primer prisionero político fue el exdirector de Migración, Marcel Rivas, encarcelado a los nueve días del juramento del nuevo mandatario del Estado Plurinacional. En tanto, el primer caso contra Áñez fue activado por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, bajo figuras de supuesta sedición, terrorismo y conspiración, que los medios bautizaron como “caso golpe”.
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