Hace un año que no se esclarece la “desaparición” de 331 kilogramos de oro, valuado más o menos en $us 19 millones, que en diciembre de 2020 fue retenido en el aeropuerto de El Alto cuando se pretendía sacar del país de manera ilegal por la empresa Goldshine S.R.L., denuncian las senadoras Cecilia Requena y Nelly Gallo.
Ambas legisladoras han interpuesto ante las instituciones estatales vía la presidencia del Senado, peticiones de informe escrito y oral, algunas no han respondido a pesar del tiempo transcurrido y otras han contestado de manera “insuficiente”.
El 22 de diciembre de 2020, un operativo de acción directa de la Policía Boliviana, la Gobernación de La Paz y el Senarecom frenó el intento de exportación de 331 kilogramos de oro de manera ilegal.
La exportación era realizada por el representante legal de la empresa Goldshine S.R.L, Amit Dixit, sin que se hubiera cumplido una serie de requisitos como el pago de las regalías departamentales de acuerdo a ley, además de identificarse documentos adulterados.
Las senadoras iniciaron una serie de acciones de fiscalización cuando supieron que el oro retenido había sido puesto bajo la custodia de la empresa que estaba incurriendo en una exportación ilegal y engañando al Estado boliviano.
“Habíamos generado cinco peticiones de informe escrito, complementamos a siete peticiones de informe oral a diferentes instituciones encargadas del control de los minerales”, sostuvo la senadora Nelly Gallo a la ANF.
Sus solicitudes fueron dirigidas al Ministerio de Minería y Metalurgia, al Servicio Nacional de Registro y Control de Minerales y Metales (Senarecom), la Aduana Nacional, la Fiscalía General, la Gobernación de La Paz, la Dirección Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Impuestos.
Incluso el 22 de enero de 2021 solicitaron hacer una “inspección in situ” donde se encontraba el mineral, porque temían que la empresa Goldshine S.R.L concrete sacar el mineral del país. Pidieron al presidente de la Asamblea Legislativa que acompañe la inspección, pero no se dio la acción de fiscalización.
Las senadoras cuestionan que las instituciones que debieran estar interesadas en velar y proteger los recursos naturales del Estado, no les interese transparentar este caso.
“Las instancias del Estado que deben estar interesadas en evitar o esclarecer y procesar a los responsables y recuperar lo que tenga que recuperar, son las instancias que se niegan a responder al pleno y al país”, sostuvo la senadora Requena.
El Ministerio de Minería y Metalurgia que es la principal entidad a la que se ha dirigido las peticiones para que dé cuenta del oro, que a más de un año de haber sido retenido no se desconoce de manera oficial lo que sucedió con ese metal. Pero no ha respondido a los requerimientos de información.
Minería ha postergado en noviembre, diciembre y recientemente en enero su informe sobre el caso. Senarecom tampoco ha respondido pese a que participó en la acción directa que retuvo la salida ilegal del oro. La Aduana Nacional y la Fiscalía General del Estado respondieron de manera “insuficiente”.
De manera oficial se desconoce si salió el oro del país, si se canceló las regalías departamentales, cómo se pudo subsanar los documentos “fraguados” y cuál el posible daño al país, se preguntan las legisladoras.
Irregularidades
Requena detalló que se identificaron varias irregularidades, de inicio el intento de sacar el metal de manera ilegal utilizando formularios como si el oro no fuera de La Paz sino de Cochabamba o Potosí, presumiblemente para mostrar que era de una exportación previa.
“Entonces, ellos ganaban el no pago de impuestos adicionales. Utilizaban el mismo formulario para exportar más de una vez, pero pagaban impuestos y regalías por solo un envió”, explicó Requena.
Acotó que tienen información “que finalmente blanquearon el proceso, corrigiendo los formularios. Diciendo que era oro de La Paz, y hasta donde sabemos se terminó exportando el oro. Y el proceso (legal) quedó en nada”, lamentó la legisladora, aunque insiste que esta información debe ser confirmada por los canales oficiales de las instituciones estatales.
“Si ha salido el oro tiene que haber un formulario y vamos a ver que sean formularios reales los que se presentaron”, acota Gallo.
Otra de las irregularidades anotadas es que se dejó la custodia del oro a la empresa que pretendía sacar el mineral boliviano de manera ilegal. También observan el papel de la fiscalía que no asumió acciones contra la empresa.
La fiscalía inició el proceso por la presunta comisión de los delitos de venta o compra ilegal de recursos minerales y falsedad ideológica en contra de Amit Dixit, representante legal de la empresa Goldshine S.R.L.
El 28 de diciembre, después de la incautación Dixit se apersonó a la fiscalía para presentar una nueva documentación subsanando todas las irregularidades observadas. Posteriormente, la fiscalía habría ordenado que se entregue como custodio del mineral.
Además, que Senarecom haya permitido, si se confirma, la exportación sabiendo que hubo una retención del material y que el caso estaba en proceso; y haber dejado que se “subsanen” los documentos.
Un tema de fondo, según Requena, es que el Senarecom tiene un sistema de registro en un “excel simple”, es decir, en una hoja de cálculo sin ningún tipo de medida de seguridad, por lo que es posible su manipulación “para blanquear la información”.
Por otra parte, la senadora Gallo manifestó que, si bien se conoce de estos 331 kilogramos de oro, se desconoce el total de oro ilegal que sale del país. Desde 2020 hasta junio o julio de 2021, dijo que hubiera salido algo más de 3.000 kilos de oro.
Tanto Requena y Gallo señalaron que continuarán con las investigaciones hasta que se conozca de manera oficial qué pasó con esa importante cantidad de oro.
//FUENTE: ANF//
