–
Al menos tres leyes en vigencia disponen lo mismo que el artículo 11 que fue retirado por el presidente Luis Arce del proyecto de Ley 249 ante el conflicto desatado por los gremiales que rechazaron el control aduanero a los depósitos de mercancías en zonas secundarias. El diputado opositor y economista José Luis Pórcel considera que “hicieron meter la pata al presidente Luis Arce” porque lo anulado ya existe, solo que no se aplica porque el gobierno es débil ante el contrabando.
El proyecto de ley plantea dar una serie de concesiones al sector gremial y el artículo que causó la repulsa gremial, disponía que “la Aduana Nacional realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y control aduanero a las personas, establecimientos, depósito de mercancías de distribución mayorista y el tránsito de mercancía en Zona Secundaria, conforme normativa, considerando los derechos de las comerciantes, minoristas, vivanderos y artesanos”.
Porcel lamentó que el presidente Arce se “haya asustado” otra vez con una movilización y los proyectistas de la ley hubieran sido tan “chambones” al reescribir una facultad que la Aduana Nacional ya tiene.
Una revisión del compendio tributario que se encuentra en el mercado de libros, indica que la Ley General de Aduanas N° 1990 del 28 de julio de 1999, dispone en su artículo 4 que el territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera, se divide en Zona Primaria y Zona Secundaria.
Señala que en la Zona Secundaria no se realizan operaciones aduaneras. Sin embargo, “la Aduana Nacional realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y control aduanero a las personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en esta zona”.
Asimismo, el Código Tributario Boliviano de junio de 2015, en su Art. 100 dice que la Administración Tributaria dispondrá de amplias facultades de verificación, fiscalización e investigación y podrá “realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito”.
Por su lado la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando del 25 de abril de 2018, en su artículo 2 ordena que esa ley se aplique a las personas naturales y jurídicas que transportan, comercializan o almacenan mercancías incumpliendo el control aduanero en la zona de seguridad fronteriza del Estado, municipios y territorios colindantes; y a las instituciones públicas que trabajan en el control aduanero y la lucha contra el contrabando.
Para subir el nivel de jerarquía de la lucha contra la actividad ilícita, el presidente Evo Morales creó mediante decreto supremo Nº 3540 del 25 de abril de 2018, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando con la facultad de “vigilar el cumplimiento de las normas nacionales sobre la lucha contra el contrabando”. Esa autoridad llamada también el “Zar” anti-contrabando, recibió el mandato de articular operativos militares en el control y represión en las rutas y fronteras nacionales.
El diputado Porcel dijo que el espíritu de casi todas las leyes era evitar que el contrabando ingrese a territorio boliviano, pero no han logrado frenar ni con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Boliviana, acotó. Sostuvo que la decisión del presidente Arce de anular su propio artículo 11 es una “incoherencia que tiene el gobierno ante la incapacidad de conducir la nave del Estado de la mejor forma posible”.
Lamentó que el oficialismo en la Asamblea Legislativa no tenga la capacidad de elaborar proyectos de ley adecuados y que tampoco permita sugerencias de la oposición que pueden mejorar el contenido del proyecto de ley 249 para generar alternativas de trabajo en favor de muchas personas que se dedican al contrabando.
El proyecto de ley busca garantizar el desarrollo de los gremiales en su actividad económica, el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público en sus puestos de venta autorizados. También plantea promover el acceso al crédito, a la vivienda, a la seguridad social y a la salud.
La presidenta de la comisión de Economía Plural, diputada Deysi Choque, dijo que se determinó suprimir el artículo 11 y derivar la norma al pleno de Diputados, con solo 10 artículos que dignifican el trabajo de la familia gremial.
//FUENTE: ERBOL//
