Un grupo de 37 organizaciones de la sociedad civil identificaron al menos seis puntos críticos en los contratos que se firmaron con la empresa rusa Uranium One Group y con la china Hong Kong CBC para la explotación del litio en el Salar de Uyuni y demandaron su corrección para salgan en favor del Estado.
En un pronunciamiento conjunto, expresaron su preocupación e instaron a las autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la apertura de espacios de diálogo y concertación para tratar este tema de interés nacional, antes de su tratamiento.
En primer lugar, se observa que los contratos establecen que el Estado boliviano deberá asumir la mayor parte de los riesgos operativos, incluyendo penalidades en caso de no proveer suficiente salmuera residual a las empresas extractoras.
Un segundo punto crítico revela que, aunque las empresas rusa y china se comprometen a realizar inversiones de aproximadamente $us 1.000 millones cada una, estos montos deberán ser reembolsados por el Estado boliviano a través de la producción de carbonato de litio.
La tercera observación señala que las proyecciones de utilidades están calculadas con precios sobreestimados del litio, considerando $us 25.000 por tonelada, cuando el precio actual ronda los $us 10.000, sin perspectivas de incremento significativo.
En cuarto lugar, se detectó una “disparidad inexplicable” en los costos de inversión: la operación de la empresa rusa requiere 2,4 veces más inversión por tonelada de carbonato de litio producido que la empresa china.
La quinta preocupación se centra en la presunta “falta de claridad” sobre el aprovechamiento de otros elementos presentes en la salmuera del Salar de Uyuni, además del litio, generando incertidumbre sobre sus beneficiarios.
Finalmente, se advierte sobre la ausencia de salvaguardas ambientales y sociales. “Los contratos se firmaron sin realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, y no contemplan medidas para mitigar impactos en al menos 20 comunidades cuyas actividades productivas y turísticas podrían verse afectadas”.
De esa manera, las organizaciones enfatizaron la necesidad de establecer contratos justos, transparentes y sostenibles que garanticen el desarrollo del país.
“También ponemos en conocimiento público de las representaciones oficiales de China y Rusia que los acuerdos, con el contenido actual, carecen de legitimidad y se constituirían en contratos lesivos al Estado, pactados al final de la gestión del Gobierno, con una débil y vulnerada institucionalidad”, destaca el documento.
El experto en el tema de la minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, expresó apoyo para que se puedan aprobar los contratos, sin embargo, consideró que deben corregirse para el Estado sea el beneficiado.
El Gobierno defendió los contratos y aseguró que establecen que los pagos por devolución de la inversión están indexados a indicadores internacionales de precios, y dependen directamente de los ingresos generados. Esto significa que, si no hay ingresos adicionales, no se efectúan pagos por inversión. El Estado no asume eventuales deudas en ningún escenario posible.
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