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La exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, fue enviada hoy a la cárcel de Obrajes por una supuesta conducta antieconómica y malversación de recursos económicos del seguro de salud universal conocido como SUS.
Con su encarcelamiento, más de 100 opositores están en la cárcel, con procesos penales o fueron destituidos de sus cargos como en el caso de los policías sancionados con la baja definitiva por el “motín policial” en 2019. En la base de datos de Brújula Digital están registrados 56 personas procesadas con nombres y apellidos, pero hay otros 62 que corresponden a policías dados de baja, productores de coca que afrontan procesos después de que fueron detenidos y tres activistas que fueron detenidos en la marcha reciente del Conade.
Brújula Digital hizo un relevamiento detallado de 56 nombres de ciudadanos y contabilizó 62 personas entre policías dados de baja, cocaleros procesados en las marchas de Adepcoca y los detenidos en la última marcha del Conade en La Paz. Los nombres de éstos últimos están reservados a pedido de sus abogados.
118 ciudadanos en total estarían con procesos iniciados en el gobierno de Arce. Para este análisis no se han tomado en cuenta los procesos por casos de corrupción que también se iniciaron en contra de exautoridades del gobierno de Jeanine Añez.
A propósito de la exmandataria, ella afronta dos procesos por el supuesto “golpe de Estado” que habría protagonizado en contra del expresidente Evo Morales. Ya tiene sentencia en el llamado “golpe de Estado II” a 10 años de cárcel y afronta el otro “golpe de Estado I” con una detención preventiva que supera los 18 meses.
En otro proceso conocido como EBA, un juez desconoció el mandato de Añez y determinó que sea juzgada en un juicio ordinario y no en un juicio de responsabilidades.
En el caso de Chapetón, ella cumplirá una detención preventiva en la cárcel de mujeres de Obrajes en un área aislada pese a que tiene una bebé lactante.
El encarcelamiento fue precedido por el agravamiento de la detención domiciliaria de Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, quien ahora deberá permanecer las 24 horas en su domicilio con custodia policial y no podrá trabajar como medida precautoria por los casos en su contra.
Cinco dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fueron enviados a la cárcel y una dirigenta logró detención domiciliaria por procesos iniciados por el cierre violento del edificio donde funcionaba un mercado ilegal de coca al amparo del Gobierno.
Así, Freddy Machicado (presidente de Adepcoca); Raúl Uría, dirigente de la Juventud Yungueña; César Apaza, presidente de autodefensa de Adepcoca, Gudelia Botitano, dirigente de Adepcoca y Porfirio Rivero, dirigente regional de Chulumani están privados de libertad mientras Rosalba Vargas, vicepresidenta del comité de Autodefensa de Adepcoca tiene detención domiciliaria.
La organización contraria al MAS fue descabezada y catalogada como “organización criminal” mientras el grupo armado de Las Londras que el año pasado torturó y secuestró a periodistas, policías y trabajadores agrícolas aún no fue desarticulado.
Además existen al menos 11 mandamientos de aprehensión en contra de los dirigentes de Adepcoca que se oponen al funcionamiento de un mercado paralelo de coca porque según la Ley de Coca, en Bolivia sólo funcionan dos mercados: Adepcoca en Villa Fátima y Sacaba en Cochabamba.
Como ellos, todos los dirigentes cívicos contrarios al MAS afrontan procesos al igual que las autoridades electas por siglas distintas al partido en función de gobierno, a excepción de Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra.
//FUENTE: BRÚJULA DIGITAL//
